El doctor Roberto Melgarejo, junto a Rafael Ávila, firman un acuerdo interinstitucional para la fiscalización y regularización de servicios de salud. Gentileza
La Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo han establecido una alianza estratégica para fortalecer la supervisión de servicios médicos y estéticos. El acuerdo, firmado por el superintendente Roberto Melgarejo y el defensor Rafael Ávila, establece un marco de acción conjunto para garantizar la seguridad y derechos de los usuarios.
La fiscalización se centrará especialmente en centros estéticos que realizan procedimientos quirúrgicos, donde se ha detectado un alto índice de irregularidades. Las autoridades anuncian inspecciones inmediatas y advierten sobre la posible clausura de más de 100 establecimientos que operan fuera del marco legal establecido.
El convenio establece cinco ejes principales de acción: supervisión conjunta de establecimientos sanitarios, regulación específica de centros estéticos, gestión de denuncias ciudadanas, implementación de medidas correctivas y desarrollo de campañas educativas. Cada componente busca asegurar que los servicios cumplan con estándares mínimos de calidad y seguridad.
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La iniciativa responde a una preocupación creciente por la proliferación de centros estéticos que realizan procedimientos invasivos sin contar con la infraestructura adecuada ni el personal debidamente capacitado. El doctor Melgarejo enfatiza que muchos tratamientos estéticos conllevan riesgos similares a procedimientos médicos tradicionales, requiriendo por tanto niveles equivalentes de control y regulación.
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Las instituciones han habilitado canales para que la ciudadanía denuncie irregularidades o casos de mala praxis en servicios de salud y estética. Este sistema de vigilancia participativa busca complementar las acciones oficiales de fiscalización, permitiendo una respuesta más rápida ante situaciones que comprometan la seguridad de los usuarios.
El programa de fiscalización contempla inspecciones rigurosas de quirófanos, verificación de habilitaciones sanitarias, control de acreditaciones profesionales y evaluación de protocolos de seguridad. Las sanciones por incumplimiento podrán incluir desde multas hasta la clausura definitiva de establecimientos que representen un riesgo para la salud pública.
Fuente: ABC Color
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