Parlamentarios paraguayos frente al Capitolio de Washington, en el America Elige - The VIP Election Tour.
El Senado paraguayo está cerca de aprobar una modificación que permitiría a parlamentarios, ministros de la Corte Suprema de Justicia y miembros del gabinete presidencial viajar en clase ejecutiva. Esta disposición, incluida discretamente en el Presupuesto General de la Nación 2024, revive un privilegio eliminado en 2019 como medida de austeridad.
Según el artículo 213 del proyecto presupuestario, los pasajes internacionales para funcionarios estatales deben adquirirse en clase económica. Sin embargo, se exceptúa a presidentes, vicepresidentes, ministros y congresistas para vuelos de más de siete horas, incluyendo escalas. Esta decisión ha generado debate en un contexto de necesidades sociales apremiantes y demandas de racionalización del gasto público.
Históricamente, las leyes presupuestarias habían restringido los viajes de funcionarios a clase económica, con excepciones para los líderes de los poderes del Estado. Sin embargo, la redacción actual del artículo amplía el alcance de estas excepciones, lo que podría implicar un incremento en los costos asociados a misiones oficiales.
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Críticos de esta medida argumentan que muchos de estos viajes no generan beneficios tangibles para la ciudadanía. En cambio, suelen ser percibidos como oportunidades para el turismo financiado con fondos públicos. Organismos de la sociedad civil han señalado que el retorno de este privilegio contrasta con la urgencia de atender prioridades como salud, educación y seguridad.
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El debate se intensificará esta semana en la Comisión de Hacienda del Senado, con una posible resolución en el pleno el jueves. Además, se discutirá la posibilidad de un incremento salarial para parlamentarios, lo que aumenta la tensión entre la percepción pública y las decisiones del Congreso.
Desde el Ejecutivo, el presidente Santiago Peña ha mantenido la propuesta del artículo, justificando que las excepciones solo aplicarían en casos específicos. Sin embargo, esta medida enfrenta creciente rechazo por parte de sectores que exigen mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Fuente: ABC Color
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