La Contraloría General de la República (CGR) reveló irregularidades significativas en la administración de Delia Ramírez (ANR), actual intendente de Puerto Falcón, durante su gestión 2019-2020. Según el informe de auditoría, no se pudieron justificar G. 5.564 millones, con énfasis en pagos a jornaleros y otros desembolsos sin respaldo documental.
Entre las inconsistencias detectadas, destaca la falta de justificación de G. 1.288 millones atribuidos a jornaleros en 2019. Aunque la intendente aseguró haber contratado personal para diversas tareas, no se encontraron documentos que avalen dichas contrataciones ni registros de órdenes de trabajo.
Asimismo, la Contraloría identificó que G. 227 millones destinados a honorarios profesionales tampoco cuentan con documentación de respaldo. Esta situación se agrava con otros gastos, como los G. 100 millones reportados en viáticos, donde no se presentó evidencia concreta sobre el uso de estos recursos.
Otra desprolijidad señalada por el ente contralor corresponde a G. 223 millones asignados a servicios de aseo y mantenimiento. A pesar de haberse registrado como egresos, no existen documentos que validen los pagos realizados. Adicionalmente, durante la pandemia, se destinaron G. 360 millones para la compra de alimentos supuestamente distribuidos entre la población, pero el gasto carece de registros oficiales.
En el año 2020, la administración de Ramírez reportó millonarios desembolsos para obras viales y mejoras en instituciones públicas, que totalizaron G. 2.826 millones. Sin embargo, el informe de la Contraloría señala que estas obras no cuentan con evidencias que respalden su ejecución. A este monto se suman G. 540 millones supuestamente invertidos en maquinaria, igualmente sin documentos justificativos.
La CGR enfatizó la necesidad de que la Municipalidad de Puerto Falcón implemente mecanismos más estrictos de control administrativo. Además, recomendó garantizar la transparencia en el uso de recursos provenientes de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
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Por su parte, la intendente Delia Ramírez respondió al informe comprometiéndose a adoptar medidas correctivas: “Estaríamos agregando mecanismos y control a fin de subsanar los inconvenientes encontrados por el ente contralor”.
El caso genera inquietudes sobre el manejo de recursos públicos en las administraciones municipales, exponiendo la necesidad de mayor fiscalización y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
Fuente: ABC Color
