El presidente de la República, Santiago Peña, vetó totalmente el proyecto de ley que buscaba una ampliación presupuestaria para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La medida, contenida en el Decreto N° 2867, responde a la necesidad de preservar la sostenibilidad fiscal del país, según lo argumentado por el Ejecutivo.
El proyecto de ley proponía un incremento en los fondos destinados al JEM por un monto de G. 488.191.700 para noviembre y diciembre, con un impacto anual estimado en G. 1.833.000.000. Este aumento incluía la creación de nuevos cargos, como seis de director general y uno de profesional (I), además de la promoción de otros puestos internos.
Dan millonario aumento presupuestario al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el pago de salarios y aguinaldos astronómicos.
El Senado aprobó en 15 minutos el proyecto sin dictamen de Hacienda
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— Telefuturo (@Telefuturo) October 23, 2024
El Ejecutivo destacó que la propuesta no se ajustaba a la estructura orgánica vigente del JEM, lo que dificultaba la justificación de los nuevos cargos en el organigrama institucional. Asimismo, el proyecto no fue canalizado adecuadamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que carecía de análisis técnicos sobre su viabilidad.
Otro punto controvertido era el beneficio directo que recibiría Emilce Retamozo, hija del senador Ramón Retamozo (ANR). Como directora de Planificación y Desarrollo, su cargo sería elevado al nivel de dirección general con un salario mensual de G. 17 millones, lo que generó cuestionamientos.
Senado aprueba polémicos cargos en el JEM con altos salarios
La Presidencia argumentó que el gasto público debe priorizar áreas esenciales como la alimentación escolar, la salud y la seguridad ciudadana. En este contexto, la creación de nuevos cargos en el JEM no se alinea con las prioridades de la administración pública ni con el objetivo de cerrar la brecha fiscal existente.
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El documento con el veto presidencial fue remitido al Senado, que deberá analizar si acepta o rechaza la objeción del Ejecutivo. De ser aprobada la ampliación, implicaría una mayor presión sobre el Tesoro Público, algo que, según el Ejecutivo, podría comprometer la estabilidad económica del país.
Finalmente, el análisis del Ejecutivo concluye que cualquier incremento en los gastos del Estado debe considerar la capacidad real de financiamiento de la Tesorería Nacional para evitar un desequilibrio fiscal.
La decisión de vetar el proyecto refleja un compromiso con la sostenibilidad fiscal y con la optimización de los recursos públicos, buscando un balance entre las demandas presupuestarias y las prioridades nacionales.
Fuente: ABC Color
