Organizaciones civiles y jurídicas, como la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) y Somos Anticorrupción Paraguay (SAPy), expresaron su oposición al pedido de suspensión condicional del procedimiento para Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres. El joven está procesado por el cobro indebido de honorarios y busca evitar un juicio oral devolviendo G. 50 millones y donando G. 5 millones en productos de limpieza.
Los representantes de COAPY y SAPy argumentaron que la concesión de salidas procesales, como acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales, en casos de corrupción pública, debilita el principio de justicia y viola las obligaciones internacionales de Paraguay en la lucha contra este flagelo. Según el escrito presentado al juez Rodrigo Estigarribia, tales medidas refuerzan la impunidad y desvirtúan los esfuerzos por transparentar la administración pública.
La investigación contra Godoy Torres se originó en denuncias sobre contrataciones irregulares en la Cámara de Diputados, realizadas bajo la presidencia de Óscar Latorre. Estas prácticas incluyeron el ingreso de familiares de legisladores a cargos públicos sin concurso ni las competencias requeridas. Estas acciones, según los colectivos civiles, perpetúan el nepotismo, la ineficiencia y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
COAPY y SAPy subrayaron que priorizar el privilegio sobre el mérito excluye a profesionales capacitados y desconecta las contrataciones de las necesidades reales del servicio público. El nepotismo, afirman, envía un mensaje negativo sobre el peso de la transparencia y el mérito en la gestión pública, generando desigualdad y afectando la confianza en las instituciones.
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El juez Rodrigo Estigarribia deberá resolver el 22 de noviembre si acepta la suspensión condicional solicitada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera y Jorge Arce. Las organizaciones instan al magistrado a priorizar sanciones ejemplares y a restringir beneficios procesales en casos de corrupción, salvo que exista una colaboración efectiva para desmantelar redes delictivas.
La carta de COAPY y SAPy recalca que el Poder Judicial debe garantizar el Estado de derecho, combatir la corrupción de manera contundente y honrar los compromisos internacionales de Paraguay.
Fuente: El Observador
