El presidente, Santiago Peña (izq.), junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (dcha.) Foto: @SantiPenap.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que “lamenta” la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (amigo de Horacio Cartes), y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Según el gobierno, esta decisión compromete la legitimidad de la CPI y debilita los esfuerzos de paz y estabilidad en Medio Oriente.
El comunicado oficial sostiene que estas acciones representan una “instrumentalización política del derecho internacional” y considera que la medida atenta contra el derecho legítimo de Israel a defenderse de agresiones constantes, como las perpetradas por el grupo Hamás. Este posicionamiento alinea a Paraguay con otros países que han expresado críticas similares, como Argentina, cuyo gobierno también rechazó la resolución de la CPI.
Contexto de las órdenes de la CPI
La Corte Penal Internacional acusó a Netanyahu y Gallant de crímenes de guerra relacionados con las recientes tensiones en la Franja de Gaza. Asimismo, incluyó al líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, entre los acusados. La medida fue criticada por Israel, cuyo canciller, Guideon Saar, aseguró que la decisión es una “agresión al derecho de Israel a defenderse”. Este posicionamiento fue respaldado por países como Argentina, que también rechazó las órdenes judiciales.
Relaciones Paraguay-Israel: vínculos económicos y políticos
Paraguay mantiene una relación cercana con Israel, que se fortaleció especialmente durante el gobierno de Horacio Cartes. En 2013, Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio, encabezó una misión oficial a Israel, sellando acuerdos económicos y estrechando lazos políticos. Esta conexión continuó en los años posteriores con inversiones estratégicas que involucraron a figuras clave como Justo Zacarías Irún y empresarios israelíes.
La polémica y su impacto en el derecho internacional
La emisión de estas órdenes ha generado un amplio debate en la comunidad internacional. Mientras que algunos países defienden la postura de la CPI como un paso hacia la justicia global, otros la perciben como un desequilibrio que ignora el contexto de defensa legítima de Israel. La controversia subraya las tensiones persistentes entre la Corte Penal Internacional y los Estados que no reconocen su jurisdicción.
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Además de Paraguay, otras naciones latinoamericanas han manifestado su posición. Argentina, por ejemplo, argumentó que la CPI no consideró los ataques constantes de Hamás y Hezbolá contra Israel, resaltando la necesidad de proteger a la población civil frente a estas amenazas. Este tipo de declaraciones refleja las divisiones en torno al manejo de conflictos internacionales.
Fuente: ABC Color
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