El Congreso Nacional sancionó ayer miércoles un proyecto de ley que eleva a 30 años la pena carcelaria para violadores de niños. La Cámara de Senadores aceptó las modificaciones propuestas por Diputados y remitió el documento al presidente Santiago Peña para su promulgación. La medida, aprobada en el marco del Día Internacional del Niño, busca establecer un castigo más severo a los responsables de este tipo de delitos.
El senador Luis Pettengill explicó que el proyecto original contemplaba penas de 10 a 25 años para casos agravados, incluyendo abusos que involucren coito con víctimas menores de 10 años. Sin embargo, la Cámara de Diputados propuso ampliar el marco penal, estableciendo un mínimo de 15 y un máximo de 30 años para los casos más graves.
La Comisión de Legislación del Senado evaluó las modificaciones y recomendó su aprobación, considerando que los cambios fortalecen la lucha contra los abusos sexuales en menores. Finalmente, el pleno del Senado sancionó la ley con 36 votos a favor y 2 en contra, de los senadores liberales Ever Villalba y Líder Amarilla, quienes cuestionaron el enfoque de la legislación.
Villalba argumentó que el aumento de penas es una medida populista que no aborda el problema de raíz. Según el legislador, la mayoría de los casos ocurre dentro del entorno familiar, por lo que insistió en la necesidad de promover campañas educativas y de concienciación para prevenir el abuso.
En contraste, la senadora Yolanda Paredes destacó la urgencia de medidas contundentes. Citó estadísticas alarmantes, como el hecho de que 8 menores son víctimas de abuso sexual cada día en Paraguay, y que el 85% de los casos son cometidos por familiares cercanos. También señaló que los departamentos más afectados son Central, Alto Paraná y Asunción.
La nueva legislación busca endurecer las penas en respuesta a un problema creciente que afecta a miles de niños en el país. Si el presidente Santiago Peña promulga la ley, Paraguay contará con uno de los marcos penales más estrictos en la región para combatir el abuso sexual infantil.
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El proyecto ha generado un debate sobre la efectividad de las penas severas frente a medidas de prevención. Sin embargo, para sus defensores, representa un avance en la protección de los derechos de los niños y en el establecimiento de un sistema judicial más riguroso ante estos crímenes.
La expectativa ahora recae en la decisión del Ejecutivo, mientras el Congreso reafirma su compromiso con la erradicación del abuso infantil en el país.
Fuente: ABC Color
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