La Policía Federal de Brasil presentó este jueves una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro y 36 personas más, incluyendo dos generales en la reserva, por intentar un golpe de Estado para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia. Según el informe, la trama golpista se desarrolló durante el periodo de transición tras las elecciones de 2022, aunque no se concretó por la negativa de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea de participar.
El documento, entregado al Tribunal Supremo, incluye pruebas recolectadas durante dos años de investigaciones, que abarcan comunicaciones interceptadas, análisis bancarios y fiscales, declaraciones de delatores y material incautado en registros. El Tribunal Supremo remitirá la acusación a la Fiscalía General, que decidirá si formaliza el caso, solicita más diligencias o archiva el expediente.
Entre los acusados se encuentran Walter Braga Netto y Augusto Heleno, generales retirados que ocuparon altos cargos en el gobierno de Bolsonaro. Según los testimonios de testigos clave, el expresidente planeó declarar el estado de sitio y buscó apoyo militar para evitar que Lula asumiera el poder. Sin embargo, los líderes del Ejército y la Fuerza Aérea rechazaron la propuesta, dejando al entonces comandante de la Marina, Almir Garnier, como único aliado militar dispuesto a participar.
En Brasil, la Policía Federal ha acusado formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por intento de golpe de Estado tras una larga investigación
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Además, el informe policial reveló un plan para asesinar a Lula y otras figuras políticas, elaborado durante el periodo de transición. La semana pasada, un seguidor de Bolsonaro se inmoló frente al Tribunal Supremo, lo que subraya la persistencia de tensiones políticas en el país.
Bolsonaro ya está inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030 por abuso de poder, debido a sus constantes ataques al sistema de votación electrónica. Actualmente enfrenta restricciones legales, como la prohibición de salir del país. En respuesta a las acusaciones, el expresidente declaró que aguardará la revisión de su abogado, calificando los señalamientos como “creativos”.
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El caso refleja un complejo panorama político en Brasil, donde parte de las Fuerzas Armadas fue instrumentalizada para respaldar los intereses del expresidente. Según analistas, la acusación formal marca un esfuerzo por separar a los involucrados en la trama golpista de aquellos militares que optaron por defender las instituciones democráticas.
Desde que asumió Lula en enero de 2023, el Tribunal Supremo ha condenado a más de 200 personas por el ataque golpista al Congreso y otras instituciones en Brasilia. Sin embargo, hasta ahora, los responsables de planear y financiar los hechos no habían enfrentado acusaciones formales.
La figura clave en esta investigación es Mauro Cid, exsecretario personal de Bolsonaro, quien recientemente aceptó colaborar con la Policía Federal tras pasar meses en prisión preventiva. Su testimonio podría ser crucial para desentrañar la participación del expresidente y su círculo cercano en el intento de golpe de Estado.
Fuente: El País
