La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) propuso a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) modificar el plazo de notificación previa sobre cambios tarifarios en los servicios de telecomunicaciones. La intención es garantizar a los consumidores un periodo de entre 15 a 30 días para ser informados sobre modificaciones en costos de servicios como internet, telefonía y televisión, buscando frenar prácticas abusivas de las empresas del sector.
Actualmente, el Decreto N° 6999/17 permite que las empresas comuniquen estos cambios con solo 72 horas de antelación, registrando previamente la información en la Conatel. Según Sedeco, este plazo es insuficiente para proteger a los usuarios, ya que no permite una correcta evaluación de los contratos ni la posibilidad de reaccionar ante incrementos inesperados en las tarifas.
Sedeco argumenta que la normativa vigente ha propiciado conductas desleales por parte de las empresas, con denuncias frecuentes de aumentos arbitrarios en los costos de servicios, sin un aviso adecuado. Estas prácticas, según el organismo, afectan la transparencia y generan desventajas para los usuarios, que muchas veces no tienen tiempo suficiente para tomar decisiones informadas.
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“La notificación directa y personalizada sobre modificaciones tarifarias debe ser una obligación, al igual que ocurre con los mensajes promocionales que las empresas envían a diario”, subrayaron desde Sedeco.
La propuesta de Sedeco incluye no solo la ampliación del plazo de notificación, sino también la obligación de que las empresas comuniquen los cambios de manera personalizada y directa a cada cliente. Esto permitiría a los consumidores evaluar las nuevas condiciones y, si lo consideran necesario, optar por rescindir el contrato sin penalizaciones.
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Conatel ha derivado la propuesta a su Gerencia de Planificación y Desarrollo, pero aún no se ha fijado una fecha para emitir una resolución sobre la solicitud. Mientras tanto, Sedeco insiste en la necesidad de una reforma para equilibrar las relaciones entre empresas y consumidores, protegiendo los derechos de estos últimos.
De aprobarse la reforma, las empresas de telecomunicaciones deberán ajustar sus procesos y ofrecer mayor transparencia a los usuarios. Esto no solo fortalecería la confianza en el sector, sino que también contribuiría a frenar las denuncias por aumentos inesperados y la insatisfacción generalizada entre los consumidores.
Fuente: ABC Color
