El proyecto de ley de presupuesto tiene asignado para el próximo año 331.300 cargos de funcionarios permanentes. Juan Pablo Pino
La Cámara de Diputados incorporó una significativa modificación al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, autorizando a las entidades públicas a implementar un programa de “retiro incentivado” para funcionarios. Esta iniciativa se suma al ya existente programa de retiro voluntario, según el proyecto con media sanción que ahora está en manos del Senado.
El nuevo programa de retiro incentivado se distingue del retiro voluntario tradicional por no establecer requisitos específicos de edad o antigüedad para los funcionarios que deseen acogerse al beneficio. La única condición establecida es que el programa resulte menos oneroso para el Estado y se ajuste a la reglamentación institucional y disponibilidad presupuestaria de cada entidad.
La medida se implementará en paralelo a otros tres programas existentes: el retiro voluntario para funcionarios permanentes, la desprecarización laboral para contratados con cuatro años de servicio, y el retiro para personal contratado con diez años de vinculación laboral. Esta diversificación de programas busca ofrecer diferentes alternativas para la desvinculación del sector público.
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Casos recientes demuestran la aplicación de programas similares en instituciones estatales. El Senado destinó G. 4.238 millones para el retiro de 11 funcionarios, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas invirtió G. 37.963 millones en la desvinculación de 137 funcionarios permanentes mediante un programa de desvinculación laboral anticipada.
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A pesar de estas iniciativas de reducción de personal, las estadísticas revelan un crecimiento sostenido del aparato estatal. El presupuesto para el próximo año proyecta un incremento del 8,3% en el gasto salarial de la administración central, mientras que los cargos permanentes aumentarán de 319.322 a 331.300, sin considerar aproximadamente 50.000 contratados.
El proyecto de ley mantiene las condiciones tradicionales para el retiro voluntario, requiriendo que los funcionarios tengan 59 años de edad con 20 años de antigüedad, o 65 años sin los aportes necesarios para la jubilación obligatoria. A diferencia del retiro voluntario, que prohíbe la reincorporación por 10 años excepto en cargos políticos, el nuevo programa de retiro incentivado no establece restricciones para futuras contrataciones.
Fuente: ABC Color
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