La Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral, y el Registro Unificado Nacional (RUN). La propuesta, que busca fusionar los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG), ahora retorna a la Cámara de Senadores para su revisión tras incluir nuevas modificaciones.
El dictamen aprobado, impulsado por la Comisión de Presupuesto y liderado por una mayoría cartista, generó divisiones en el recinto. La oposición solicitó posponer el análisis detallado, argumentando que las modificaciones al texto se compartieron con poco tiempo de antelación. Sin embargo, la moción no prosperó, lo que llevó a varios parlamentarios liberales a abandonar la sesión.
Según explicó la diputada María Cristina Villalba, la Comisión de Presupuesto introdujo cambios a artículos clave como el 49, 53, 62, 64, 80, 101, 102, y 190, entre otros. La mayoría de las modificaciones, aseguró, buscan dar mayor claridad al texto. No obstante, el diputado liberal Rodrigo Blanco cuestionó el artículo 126, que permite la inscripción de títulos sin certificado de condiciones de dominio, calificándolo de «carnaval jurídico» y solicitó eliminarlo.
Blanco también expresó preocupación por el artículo 176, que trata sobre la distribución de tasas del Poder Judicial, aunque no obtuvo suficiente apoyo para suprimirlo.
Los opositores señalaron que la propuesta no aborda de manera efectiva las históricas ineficiencias de las instituciones que pretende fusionar. Además, cuestionaron la exclusión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) del esquema del RUN, lo que consideran un paso hacia la legalización de tierras malhabidas.
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El diputado Raúl Benítez (PEN) criticó la reforma por considerar que los cambios eran superficiales y que la gestión de tierras, tal como se plantea, sigue siendo insuficiente para resolver problemas estructurales.
Desde el oficialismo, la diputada Bettina Aguilera defendió la iniciativa, argumentando que busca dar “una solución integral a la gestión de tierras”. Sin embargo, reconoció que el éxito de la ley dependerá de superar desafíos institucionales y técnicos en su implementación.
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El proyecto también enfrenta oposición de gremios como el Colegio de Escribanos del Paraguay, la Academia Notarial del Paraguay y organizaciones campesinas, que advierten sobre un aumento de la burocracia, mayores costos para los ciudadanos y riesgos de demoras en los trámites.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto vuelve a Senadores, que deberá decidir si acepta las modificaciones o mantiene su versión original.
Fuente: Última Hora
