El abogado Pedro Ángel Lobo Ruiz presentó una grave denuncia contra Amy Beverleyn Lezcano Jara, directora jurídica del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Según Lobo, Lezcano estaría vinculada a un grupo de abogados que habrían ejecutado una maniobra para despojarlo de un inmueble de alto valor.
De acuerdo con los hechos denunciados, el 11 de noviembre de 2024, un grupo de hombres armados ingresó al inmueble de Lobo en Mariano Roque Alonso, desalojando a sus cuidadores y comenzando a instalar un contenedor tipo oficina. Aunque la Fiscalía había sido notificada en flagrancia, según Lobo, no se constituyó en el lugar ni el día del hecho ni en las tentativas previas de invasión.
La carpeta fiscal N.° 4694/2024 quedó a cargo de la Unidad Penal N.° 4, que, pese a la intervención de la Fiscalía Adjunta del Departamento Central, no habría avanzado en la recopilación de informes policiales sobre las intervenciones realizadas. Esto, según Lobo, ha limitado las posibilidades de frenar las acciones de los invasores y proteger su propiedad.
Lobo identificó a varios integrantes del grupo invasor mediante filmaciones realizadas durante el incidente. Entre ellos, destacó al abogado Alfredo Nicanor Molinas Camps, convencional de la Seccional 350/2 de Lambaré y mano derecha del diputado Orlando Arévalo, quien preside dicha seccional.
Según averiguaciones de RDN, el abogado Molinas Camps, estuvo implicado en un caso de trata de personas en 2010. Fue denunciado y encarcelado junto con tres abogadas por engañar a jóvenes paraguayas para llevarlas a Santa Cruz, Bolivia, donde eran explotadas sexualmente.
Lobo denunció también que el Abg. Nicanor Molinas con total desenfado y lleno de soberbia también manifestó que le regalaría su camioneta si yo era el propietario del inmueble invadido, y que jamás los vencería en un litigio judicial porque conformaban un poderoso equipo con los abogados Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura; Adilson Rivarola, agente de marcas en Sasian y Asociados Sociedad Anónima; además de Amílcar Ayala Bonzi, Carlos Velázquez, socio de Molinas y Amy Beverleyn Lezcano encargada de realizar dictámenes en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a donde habría llegado gracias al exintegrante del JEM y ex senador Silva Facetti.
Este antecedente resalta la gravedad de las acusaciones actuales, ya que evidencia un patrón de conducta que involucra posibles abusos de poder y actos ilícitos. En el caso de la invasión denunciada por Lobo, Molinas habría hecho uso de su influencia política para asegurar que un juez legalizara la ocupación mediante un interdicto tramitado en Luque.
Investigaciones del denunciante revelaron la existencia del expediente N.° 328/2024, presentado por el abogado invasor, que busca justificar la posesión del inmueble invadido. Lobo calificó esta acción como una “manipulación del sistema de justicia”, diseñada para presentarlo como un intruso en su propia propiedad.
Lobo advirtió que este “poderoso equipo” de abogados ha utilizado recursos procesales cuestionables para afectar su patrimonio en juicios previos, lo que refuerza sus temores sobre posibles irregularidades.
El denunciante destacó que, durante el enfrentamiento en el inmueble, Molinas habría manifestado que contaba con el respaldo de figuras influyentes como Horacio Cartes y el vicepresidente del JEM, Orlando Arévalo, y que cualquier intento de defender su propiedad sería infructuoso. Estas declaraciones, según Lobo, evidencian una estructura organizada que opera con aparente impunidad.
Lobo solicitó que el JEM investigue preliminarmente si su directora jurídica, Amy Beverleyn Lezcano, tiene algún vínculo con las causas en trámite relacionadas con su caso. Además, instó a que se indaguen las posibles relaciones entre los abogados identificados y las autoridades judiciales y fiscales involucradas.
La denuncia también hace referencia a un historial de irregularidades en procesos anteriores que han afectado el patrimonio de Lobo, incluyendo causas civiles y penales que no prosperaron debido a presuntas maniobras dilatorias o fallas procesales.
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El caso ha generado preocupación sobre el posible uso indebido de influencias en el sistema de justicia. Mientras se espera una respuesta institucional, Lobo enfatizó la importancia de garantizar la transparencia en las actuaciones del JEM y otros organismos involucrados en el caso.
Finalmente, Lobo reafirmó su compromiso de defender sus derechos patrimoniales y su esperanza de que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y responsabilizar a los involucrados en esta serie de actos que, según él, ponen en tela de juicio la integridad del sistema judicial.
Fuente: Judiciales.net
