Según una investigación de ABC Color, empresas de dudoso origen logran introducir productos al mercado paraguayo sin cumplir las normativas sanitarias. Esto ocurre mediante medidas cautelares otorgadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lleva casi una década sin resolver varias de estas acciones de inconstitucionalidad contra el Código Sanitario y normas afines.
Las empresas recurren a acciones de inconstitucionalidad para suspender requisitos del Código Sanitario, como licencias del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) o registros del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN). Mientras la Corte no resuelve la cuestión de fondo, las medidas cautelares les permiten operar sin cumplir con las normativas, un problema que gremios empresariales califican como “transitoriedad eterna”.
Suntec Company SA, originada en Hernandarias, es uno de los ejemplos más notorios. Desde 2016, opera bajo una medida cautelar que le permite importar productos sin licencias. Otros casos, como los de Borgaro SA y Real Service Import SRL, también han aprovechado la demora de la Corte para esquivar regulaciones.
Varias firmas involucradas en estas acciones, como L.A. Bussines SA, están vinculadas a casos de corrupción y narcotráfico, como el operativo “A Ultranza”. Esta empresa, cuya dirección física es desconocida, comercializa productos sin registro sanitario en locales como Fortis Mayorista.
Según verificaciones del INAN, alimentos y bebidas distribuidos por estas empresas han llegado a consumidores sin cumplir con las normativas sanitarias. Incluso se detectaron productos “picados” que generaron denuncias públicas.
Felipe Cogorno, propietario de Fortis Mayorista, defendió la legalidad de las operaciones amparadas por las decisiones de la Corte. Aseguró que sus proveedores actúan conforme a las resoluciones judiciales y acusó a medios de comunicación de promover denuncias falsas.
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El ingreso de productos sin trazabilidad ni control sanitario pone en riesgo la salud de los consumidores y genera una competencia desleal para empresas que sí cumplen con las normativas.
Gremios empresariales exigen a la CSJ celeridad en la resolución de estos casos. Mientras tanto, el vacío legal sigue siendo aprovechado por empresas que vulneran las leyes.
Fuente: ABC Color
