El tratamiento del proyecto en Senado generó masivas movilizaciones en torno al Congreso. (Archivo ABC) Gustavo Machado
El proyecto de ley de “Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, impulsado por el Poder Ejecutivo y con media sanción en el Senado, ha generado controversia por su efectividad para erradicar los privilegios y abusos en el sector público. La iniciativa busca reemplazar la Ley N° 1626/2000 y establecer los concursos como única vía de acceso y ascenso en la función pública. Sin embargo, las dudas sobre su implementación persisten.
Uno de los puntos más debatidos del proyecto es la falta de garantías para evitar el nepotismo. Aunque en su artículo 17 se prohíbe explícitamente esta práctica, se cuestiona si esto será suficiente para evitar que las influencias y recomendaciones continúen afectando las designaciones en cargos clave. Las críticas se basan en antecedentes recientes, como el caso de los denominados “nepobabies”, que evidencian un uso reiterado de artimañas legales para favorecer a familiares y allegados.
La figura de los “asesores”, también incluida en la propuesta, ha generado inquietudes. Aunque se limita su número, esta disposición podría ser utilizada para designar personas sin concurso. Según analistas, esta flexibilidad mantiene abierta una puerta que podría perpetuar prácticas cuestionables dentro de las instituciones públicas.
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Además, ya existen normativas vigentes, como la Ley N° 6622/2020 conocida como Ley Godoy, que prohíbe explícitamente el abuso en las contrataciones y busca racionalizar el gasto público. Sin embargo, dichas normativas han sido frecuentemente burladas a través de disposiciones específicas en la Ley de Presupuesto.
Otro elemento que genera escepticismo es el discurso del presidente Santiago Peña, quien durante su campaña reconoció que muchas designaciones en cargos públicos responden más a intereses partidarios que a méritos académicos o profesionales. Este antecedente pone en duda la voluntad política para implementar un cambio real.
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Los detractores señalan que, aunque el proyecto introduce herramientas para modernizar la función pública, no enfrenta de manera contundente los vicios históricos del sistema. La aprobación definitiva de la ley podría significar una oportunidad perdida si no se establecen controles más estrictos para garantizar su efectividad.
Fuente: ABC Color
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