El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), conocida popularmente como “ley garrote”. Esta normativa, que ha sido objeto de críticas por parte de la sociedad civil y organismos internacionales, establece un régimen de control y registro oficial para las ONG en el país. Desde diversos sectores, se alerta sobre posibles impactos negativos en el derecho a la libertad de asociación.
La ley fue cuestionada por su capacidad para restringir actividades de organizaciones que trabajan en temas de corrupción y transparencia, lo que algunos ven como una herramienta de persecución. La oposición y activistas han denunciado que la normativa podría utilizarse para intimidar y silenciar a voces críticas del gobierno. No obstante, Peña defendió la ley argumentando que busca fomentar la rendición de cuentas y la coordinación entre el Estado y las organizaciones.
Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de…
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 15, 2024
El proceso de sanción estuvo marcado por demoras y polémicas. Aunque el Senado aprobó el proyecto en octubre, este fue remitido a la Presidencia semanas después, generando especulaciones sobre las razones del retraso. En su defensa, el mandatario aseguró que la reglamentación será participativa, involucrando a diversos sectores para garantizar su implementación adecuada.
La promulgación se realizó en medio de advertencias internacionales. La relatora de la ONU, Gina Romero, había señalado que la normativa podría poner en peligro derechos fundamentales y distanciar a Paraguay de estándares internacionales. De igual manera, organismos como la OEA y Amnistía Internacional calificaron la ley como un posible retroceso democrático.
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Pese a las críticas, el Ejecutivo sostiene que la ley no vulnera derechos constitucionales. Peña enfatizó que no existe fundamento legal para considerar la normativa como antidemocrática. Sin embargo, el debate sigue abierto, y organizaciones civiles insisten en que el gobierno debe garantizar que la ley no sea utilizada como un mecanismo represivo.
El impacto de la “ley garrote” en el funcionamiento de las ONG será determinante para evaluar si efectivamente se trata de una herramienta para la transparencia o un obstáculo para la democracia.
Fuente: Ultima Hora
