Amnistía Internacional (AI) expresó su enérgico rechazo a la promulgación de la Ley de Transferencia, Control y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), conocida como la “ley garrote”. La organización advirtió sobre los riesgos que esta normativa representa para la libertad de asociación y expresión en Paraguay, calificándola como un retroceso en los derechos fundamentales.
En su comunicado, AI denunció que la ley se aprobó ignorando un amplio rechazo social y condenas internacionales. Según la organización, el proceso legislativo careció de diálogo participativo y se basó en argumentos que consideran infundados. Además, AI enfatizó que las organizaciones civiles ya cuentan con mecanismos de rendición de cuentas y que la nueva normativa podría ser aplicada de manera arbitraria, facilitando una intromisión desproporcionada del Estado.
Amnistía Internacional condena enérgicamente la promulgación del proyecto de #LeyGarrote que restringe el espacio cívico en #Paraguay
La decisión va en contramano de un contundente rechazo social y de una amplia condena de la comunidad internacional.
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— Amnistía Internacional Py (@aiparaguay) November 15, 2024
Entre las principales críticas, AI señaló que la ley vulnera derechos esenciales como la privacidad, el acceso a la participación pública y el derecho a defender los derechos humanos. También resaltó déficits legislativos que, según su análisis, violan el principio de legalidad, al carecer de precisión en su alcance y aplicación.
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La organización internacional advirtió que Paraguay estaría siguiendo ejemplos de legislaciones restrictivas adoptadas en países como Venezuela, Nicaragua y Rusia. Estas normativas, según AI, han dado lugar a multas, amenazas, criminalización e incluso al cierre arbitrario de organizaciones civiles. Esta tendencia, indicaron, representa un grave riesgo para el espacio cívico en Paraguay.
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La falta de apertura al diálogo durante la tramitación de la ley también fue duramente cuestionada. Amnistía subrayó que múltiples solicitudes de mesas de trabajo conjuntas fueron ignoradas, dejando a las organizaciones sin una oportunidad real de participar en el diseño de la normativa.
Por último, la oposición y diversos sectores civiles coincidieron en que esta ley podría ser utilizada como un mecanismo de persecución política contra organizaciones que trabajan en temas de transparencia y corrupción, profundizando la desconfianza hacia las autoridades.
Fuente: Ultima Hora
