El Ministerio Público imputó a Fernando González Karjallo, hijo del conocido usurero luqueño Ramón González Daher (RGD), por los presuntos delitos de apropiación y usurpación de funciones públicas. La medida se tomó tras una denuncia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que lo acusa de alquilar y cobrar rentas de un inmueble comisado y registrado a nombre del Estado.
Según la denuncia presentada por Teresa Rojas de Jara, titular de Senabico, González Karjallo suscribió un contrato de alquiler el 1 de mayo de 2023 sobre un inmueble ubicado en Asunción. En esa fecha, la propiedad ya estaba bajo dominio del Estado como resultado de un comiso especial dictado el 22 de mayo del mismo año. Pese a esto, González Karjallo continuó percibiendo ingresos por la renta de la vivienda, lo que motivó la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público.
El fiscal Aldo Cantero, encargado del caso, indicó que existen suficientes elementos que vinculan al acusado con los hechos imputados. Además, señaló que Fernando González Karjallo habría asumido funciones públicas que competen exclusivamente a Senabico al administrar el inmueble y apropiarse del producto de la renta, dinero que debía ser destinado al Tesoro Público. Por ello, el fiscal solicitó la medida de prisión preventiva.
Leé más: Tribunal confirma a juez para continuar con comiso en caso RGD
La denuncia de Senabico también incluye a Ramón González Daher, quien, al igual que su hijo, es señalado por alquilar inmuebles comisados. Entre ellos se encuentra una propiedad ubicada en Luque, que fue entregada a la Senabico en cumplimiento de una sentencia definitiva que condenó a RGD y a González Karjallo a 15 y 5 años de prisión, respectivamente.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
El caso tomó mayor relevancia cuando Katherine Rodríguez, ocupante del inmueble alquilado por González Karjallo, presentó el contrato de arrendamiento a Senabico. Esto ocurrió tras la visita de funcionarios de la institución, quienes habían emplazado a Rodríguez para desalojar la propiedad. Dicho contrato incluía incluso la autorización para realizar mejoras, lo que reforzó las sospechas de apropiación indebida.
Fuente: ABC Color