Foto: El Independiente.
El exdiputado y exministro de Vivienda, Dany Durand, junto a seis exdirectivos de Mocipar Propiedades SA, fue imputado este viernes por la Fiscalía. Los cargos incluyen estafa, lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra y asociación criminal. El fiscal Aldo Cantero solicitó medidas cautelares de prisión para los involucrados, quienes habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 162.775 millones.
Según la denuncia presentada en marzo de 2020, la operación ilegal de Mocipar se basaba en la captación de personas mediante la oferta de bienes, como vehículos, propiedades y electrodomésticos, a precios accesibles. Estas promociones se realizaban a través de un programa televisivo dirigido por Dany Durand entre 2003 y 2014. Sin embargo, las víctimas, tras años de pagar cuotas, no recibieron los bienes prometidos ni la devolución de sus aportes.
El esquema involucraba la renovación constante de contratos, obligando a los socios a aceptar condiciones desfavorables bajo amenazas de perder sus aportes. En varios casos, las víctimas firmaron nuevos contratos con cuotas más elevadas o aceptaron bienes distintos a los prometidos inicialmente. Muchas personas nunca recibieron los bienes ofrecidos, lo que derivó en un daño financiero significativo para los afectados.
Una de las víctimas inició pagos en 2014 con cuotas de G. 165.000, que aumentaron a G. 1 millón en 2016. Otra víctima comenzó en 2011 con cuotas de G. 135.000, las cuales incrementaron a G. 750.000 tras nuevos contratos. Un tercer caso reporta pagos iniciales de G. 155.000 en 2011, llegando a abonar hasta G. 1.315.000 en años posteriores. Todas las víctimas reportaron no recibir los bienes comprometidos ni la devolución de sus aportes.
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Además de Dany Durand, los imputados incluyen a Luz Marina González de Durand, Fernando Román Fernández, Diana Britos Ocampo de Román, María Patricia Espínola de Durand, Marcela Adriana Durand Martínez y Flavio Arturo Britos Ocampo. Se alega que todos formaron parte de una estructura destinada a obtener ingresos mediante contratos fraudulentos y prácticas abusivas.
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El caso está siendo investigado por la Fiscalía, que recopila testimonios y pruebas para fortalecer las acusaciones. De confirmarse los cargos, los imputados podrían enfrentar penas severas por los delitos atribuidos. Las víctimas esperan justicia y la recuperación de sus aportes, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias pertinentes para garantizar un juicio justo.
Fuente: Última Hora
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