Policiales

Defensa de Gomes cuestiona versión oficial y apunta a “protección política”

La defensa de “Lalo” Gomes critica la investigación de la Fiscalía, descarta hipótesis de encargo y apunta a errores en el operativo policial.

Eulalio Gómez. Foto: El Observador.

El abogado Óscar Tuma, representante de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, planteó que la principal hipótesis del caso apunta a un error en el operativo policial que derivó en su muerte. Según la defensa, la investigación de la Fiscalía presenta inconsistencias y estaría protegiendo a altos cargos políticos.

La pericia balística del Ministerio Público sostiene que el arma del diputado disparó dos veces. Sin embargo, Tuma argumenta que las balas no pusieron en riesgo a los intervinientes. “No hay indicios de que los disparos del diputado hayan generado peligro para la integridad física de los policías. Además, todas las pericias indican que ‘Lalo’ estaba en posición defensiva, no ofensiva”, señaló.

La defensa descarta la hipótesis de un crimen por encargo, ya que no existen evidencias que vinculen a Gomes con enemigos políticos o económicos. “No tenía guardia personal, ni enemigos declarados. Creemos que se trató de un operativo mal planeado, y las autoridades intentan ocultar los errores para evitar responsabilidades políticas y penales”, explicó Tuma.

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Sobre la posibilidad de una protección política, el abogado afirmó que se está encubriendo a los responsables por intereses partidarios. Según Tuma, imputar a los policías involucrados llevaría a responsabilizar políticamente al ministro del Interior y al fiscal general del Estado. “Se protege a los altos mandos, no a la memoria del diputado”, agregó.

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Tuma también destacó que no hay pruebas que vinculen al legislador con el crimen organizado, una teoría planteada como justificación por algunos sectores. “Es una narrativa sin fundamentos, creada para desviar la atención del verdadero problema: un operativo mal ejecutado”, sostuvo.

Finalmente, el abogado instó a la Fiscalía a avanzar en el análisis de los teléfonos de los intervinientes y a imputar a los policías responsables. “Este caso necesita transparencia y justicia. Si no se actúa, el costo será la credibilidad del sistema judicial”, concluyó.

Fuente: ABC Color