El presidente Santiago Peña y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, presentaron en la Cámara de Senadores un nuevo proyecto de ley para la implementación del tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí. La propuesta busca permitir la “subconcesión” del proyecto a empresas privadas, sin regirse por las leyes de concesión y de Contrataciones Públicas vigentes, lo cual ha generado cuestionamientos y dudas sobre su viabilidad y transparencia.
Este proyecto surge tras el fracaso del plan anterior que se intentó concretar con Corea del Sur y tiene como objetivo rehabilitar el histórico Ferrocarril Presidente Carlos Antonio López, utilizando energía eléctrica renovable. La iniciativa plantea una inversión aproximada de 600 millones de dólares y contempla una subconcesión a empresas privadas por un plazo de 35 años, incluyendo la etapa de construcción.
Una de las disposiciones más llamativas del proyecto es la exclusión explícita de la ley 1618/2000 de concesiones y la ley 7021/22 de Contrataciones Públicas, las cuales regulan los procedimientos de contrataciones estatales en obras de infraestructura. La ministra Centurión evitó profundizar en el tema durante el Foro Latinoamericano de Infraestructura, afirmando únicamente que el proyecto de ley será presentado “próximamente”, y se limitó a mencionar que se están realizando estudios previos.
De acuerdo con el texto del proyecto, el MOPC y Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa) serán las instituciones encargadas de llevar adelante el proceso de selección del subconcesionario, a través de una licitación competitiva que, según el documento, “garantizará los principios de economía, eficiencia, igualdad, libre competencia, publicidad y transparencia”. Sin embargo, esta licitación se regiría bajo las resoluciones de Fepasa y no bajo las normativas nacionales de Contrataciones Públicas, lo cual ha despertado críticas.
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En el proceso de licitación, el proyecto también establece que, en caso de participación de empresas extranjeras, estas deberán asociarse con firmas nacionales, una condición que pretende beneficiar a empresas locales. Según lo estipulado, la convocatoria deberá publicarse por al menos cinco días en un diario de circulación nacional y en el portal del Sistema de Información Nacional de Contrataciones Públicas.
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A pesar de la envergadura del proyecto, las autoridades no han explicado las razones detrás de la necesidad de una nueva ley específica, dado que existen marcos normativos de alianza público-privada (APP) y concesión que podrían haberse aplicado. La falta de aclaraciones ha generado dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso, además de poner en tela de juicio la exclusión de las leyes de concesión y de Contrataciones Públicas.
La propuesta de ley para el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí plantea un ambicioso proyecto de modernización del transporte público. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la exclusión de normativas vigentes exigen que las autoridades brinden mayores explicaciones para despejar dudas y asegurar la legitimidad del proyecto.
Fuente: ABC Color
