Foto: Archivo ÚH.
La reciente propuesta de reforma del Instituto de Previsión Social (IPS), impulsada por el Ejecutivo y presentada al Congreso Nacional, ha generado posturas encontradas entre jubilados y asegurados. Mientras que algunos jubilados ven el proyecto con buenos ojos, los asegurados advierten que basar el cálculo de las jubilaciones únicamente en la inflación podría impactar negativamente en el monto final, reduciendo el poder adquisitivo de sus ingresos futuros.
Pedro Halley, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, explicó que el proyecto propuesto es una versión revisada del texto presentado en agosto por el Consejo del IPS, el cual había generado críticas entre los jubilados. Halley señala que este nuevo documento, posiblemente revisado por el Ministerio de Economía y Finanzas, no incluye la apertura de servicios médicos del IPS a toda la ciudadanía, sino que limita la atención a los asegurados, corrigiendo así uno de los puntos más polémicos.
El cambio en el cálculo de la jubilación, que ahora tomará como referencia el promedio salarial de los últimos 10 años (120 meses) en lugar de los últimos 3 años, es uno de los aspectos destacados de la reforma. Según Halley, este cálculo beneficiaría a aquellos cuyo salario haya disminuido con el tiempo, pero perjudicaría a los trabajadores que han tenido aumentos en sus últimos años de servicio. Además, la propuesta incluye la consideración de la inflación en el cálculo, lo cual, según Halley, podría representar un riesgo si los precios continúan en alza.
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Por su parte, Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación de Asegurados del IPS, también respalda el ajuste a los 10 años como medida para evitar incrementos salariales no justificados en los últimos años de aporte. No obstante, Aguayo se opone a que la inflación sea el único factor de referencia, ya que considera que no refleja de manera precisa el costo de vida. Según él, esta medida podría derivar en lo que denomina una “jubilación miserable”, y propone que el cálculo considere otros indicadores económicos que proyecten mejor el costo de vida.
Ambos dirigentes destacan la necesidad de realizar audiencias públicas para debatir el proyecto, exigiendo que participen expertos y representantes de todos los sectores afectados. Esta solicitud pretende garantizar que el Congreso analice los efectos de la reforma en profundidad, considerando las necesidades de los aportantes y jubilados. De no darse el debate, los asegurados han anunciado posibles movilizaciones.
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En cuanto a la redistribución de fondos, Halley resaltó un aspecto positivo del proyecto: la recuperación del 2,5% de los aportes patronales que actualmente se destinan a instituciones como el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa). El nuevo proyecto redirige estos recursos al fondo de salud del IPS, así como el 1% que antes se destinaba al fondo de administración, fortaleciendo el sistema de salud sin aumentar los aportes de trabajadores y empleadores.
Este cambio en la distribución de recursos ha generado críticas desde el sector empresarial, que considera que la educación técnica es clave para el desarrollo laboral. Sin embargo, el proyecto sugiere que las instituciones como el SNPP y Sinafocal dependan exclusivamente del Presupuesto General de la Nación, liberando a los aportantes del IPS de la responsabilidad de financiar áreas que, según Halley, deberían ser asumidas directamente por el Estado.
Fuente: Última Hora
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