La Cámara de Senadores otorgó una prórroga de 60 días a la Comisión Bicameral de Investigación, popularmente conocida como “comisión garrote,” para continuar con sus indagaciones en distintos temas, incluidos casos relacionados con organizaciones sin fines de lucro. La propuesta de extensión fue presentada por el senador liberocartista Dionisio Amarilla y aprobada por mayoría, a pesar de la resistencia de la bancada opositora, que argumentó abuso de poder y falta de transparencia en el trabajo de la comisión.
Antes de la aprobación, el Senado se constituyó en comisión para analizar el proyecto de prórroga. Durante el debate, senadores opositores se opusieron, sosteniendo que la “comisión garrote” ha actuado de forma inquisidora y sin presentar avances claros de sus investigaciones. Según el senador Eduardo Nakayama, la comisión “se ha arrogado funciones de tribunal,” y advirtió sobre el riesgo de discrecionalidad en el uso del poder público. Otros senadores, como Yolanda Paredes y Esperanza Martínez, señalaron que la comisión ha mostrado parcialidad política, actuando en contra de aquellos que han expresado disidencia con el oficialismo.
Los cuestionamientos al rol de la “comisión garrote” incluyen el señalamiento de que ha adelantado juicios y prejuzgado a empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente aquellas que promueven la transparencia. La senadora Martínez destacó que la prolongación del mandato de la comisión representa una amenaza para la institucionalidad y pidió recuperar la credibilidad del Congreso en sus funciones de fiscalización. Los senadores opositores enfatizaron que, en una democracia, el poder debe ejercerse con equidad y sin prejuicios.
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A lo largo de su mandato, la “comisión garrote” ha convocado a representantes de ONG y organizaciones que trabajan en temas de transparencia y combate a la corrupción. En ocasiones, se filtraron datos privados de colaboradores de estas organizaciones, y algunos denunciaron haber sido objeto de campañas de persecución en redes sociales. Los críticos de la comisión afirman que esta estrategia ha sido impulsada por operadores políticos cercanos al oficialismo.
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Además de las organizaciones civiles, la comisión también investigó otros temas sensibles, como el tráfico de armas y la implicación de funcionarios de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), militares y policías. Otros casos que están en la agenda de investigación incluyen las denuncias de la Conmebol contra el exdirigente Nicolás Leoz, irregularidades en fideicomisos del IPS y la muerte del diputado colorado Eulalio “Lalo” Gómez, en un incidente con fuerzas de seguridad pública.
La “comisión garrote” fue establecida con el propósito de abordar temas de interés nacional, pero sus acciones han sido percibidas por algunos sectores como una herramienta de intimidación. La prórroga aprobada permite que la comisión continúe con sus investigaciones, posponiendo la entrega de su informe final hasta el vencimiento del nuevo plazo.
Fuente: Última Hora
