En la última sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se resolvió únicamente apercibir a la jueza Carina Ruiz Díaz, del distrito de María Auxiliadora en Itapúa, a pesar de las graves acusaciones de mal desempeño en su cargo. La decisión ha sido interpretada por muchos como una muestra del sometimiento de los miembros del JEM a la clase política y sus intereses.
La jueza Ruiz Díaz fue señalada por conceder arresto domiciliario en casos de homicidio y narcotráfico, lo que generó críticas dentro y fuera del organismo. A pesar de las evidencias presentadas por el ministro de la Corte Suprema, César Garay, en cuanto a su actuación irregular, los miembros del JEM acordaron no destituirla y en su lugar le impusieron una sanción de apercibimiento.
Durante la sesión, Garay expuso detalladamente los hechos, indicando que la jueza había cometido irregularidades graves en la concesión de medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, justificó el apercibimiento señalando la falta de antecedentes previos de la magistrada, un argumento que no es vinculante en casos de este nivel de gravedad.
El ministro Manuel Ramírez Candia y el senador Mario Varela respaldaron a Garay en su petición de remitir el caso al Ministerio Público por posible prevaricato. Sin embargo, cuando se sometió a votación, el diputado Orlando Arévalo intervino para solicitar que la remisión de antecedentes a la Fiscalía fuera postergada.
La presidenta del JEM, Alicia Pucheta, accedió a la solicitud de Arévalo, y se acordó tratar la remisión en una sesión futura. En este punto, Enrique Berni expresó que se mantendría firme en votar solo por el apercibimiento, evidenciando el consenso a favor de evitar una sanción más severa.
Según fuentes cercanas al JEM, los legisladores de Itapúa, que ejercen influencia en el Poder Judicial de la región, habrían operado para evitar la destitución de Ruiz Díaz. Además, se menciona que incluso miembros del Poder Ejecutivo intervinieron para proteger a la magistrada, cuyo caso continúa pendiente de revisión en el Ministerio Público.
La jueza Ruiz Díaz fue cuestionada específicamente por dos decisiones: en el caso penal N.º 670/2011, en el que otorgó arresto domiciliario a Oscar Cardozo, alias “King Kong”, acusado de homicidio; y en la causa penal N.º 9/2022, donde aplicó la misma medida a Ariel Acosta Rojas, procesado por tráfico de drogas.
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El JEM, cuyo mandato debería centrarse en la depuración del sistema judicial, ha sido criticado por muchos analistas que observan un organismo dominado por intereses políticos. En lugar de velar por la transparencia y justicia, el jurado es visto como un “órgano de vergüenza”, según algunos críticos, pues mantiene la impunidad de magistrados que responden a intereses particulares.
La situación de la jueza Ruiz Díaz representa otro caso que genera desconfianza en el sistema judicial paraguayo, pues las decisiones tomadas por el JEM parecen obedecer más a presiones políticas que a los principios de justicia y equidad.
Fuente: El Observador
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