El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) decidió suspender por segunda vez las elecciones en la Caja Municipal de Jubilados y Pensionados, tras detectar serias irregularidades en el padrón electoral, entre ellas, la presencia de alrededor de 400 personas fallecidas. Esta situación obliga a reestructurar el cronograma electoral y pospone la votación para definir la administración de la Caja al próximo año.
La primera suspensión tuvo lugar el 14 de octubre, cuando la jueza electoral de Caazapá, Martha Susana Sarubbi Zacarías, aceptó una medida cautelar presentada por el movimiento oficialista encabezado por Venancio Díaz. Según esta solicitud, la sede de la Caja, destinada como lugar de votación, carecía de la infraestructura necesaria para recibir a los votantes de la capital.
En esta ocasión, el Movimiento Acción y Servicio (MAS), opositor a Díaz, presentó una denuncia ante la Justicia Electoral, exponiendo las irregularidades en el padrón. Como resultado de una auditoría, se hallaron 400 personas fallecidas en la lista, además de nombres de intendentes no reelectos. Esta situación llevó al TSJE a asignar un plazo de 60 días para depurar el padrón, con el apoyo de la Dirección de Organizaciones Intermedias.
El Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la Caja de Jubilaciones depende logísticamente de la Dirección de Organizaciones Intermedias, por lo que los integrantes del tribunal consideraron necesaria la suspensión. La resolución emitida enfatizó la importancia de realizar un proceso electoral transparente y libre de anomalías, y estableció que las elecciones nacionales se realizarán una vez concluida la depuración del padrón.
Por su parte, el equipo de Díaz, que busca continuar en la administración de la Caja, alegó que desde un inicio habían solicitado la depuración del padrón. Además, recalcaron que en el proceso no se incluyó a otros movimientos interesados en postularse para cargos administrativos.
La Caja Municipal de Jubilados y Pensionados cuenta actualmente con 9.000 aportantes activos y unos 2.800 jubilados que esperaban votar esta semana. Sin embargo, las elecciones quedarán postergadas hasta el próximo año para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso.
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Venancio Díaz, actual presidente de la Caja, enfrenta una imputación por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios desde junio pasado, en una causa que investiga un presunto daño patrimonial de G. 2.088 millones en cuatro años.
Recientemente, Díaz fue escrachado en Lambaré por un grupo de manifestantes, quienes le arrojaron agua y huevos en los pasillos de la municipalidad, en protesta por los salarios que supuestamente superan los G. 50 millones. Esta cifra se situaría por encima de los salarios de altos funcionarios como el presidente Santiago Peña.
Fuente: La Política Online
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