El presidente Santiago Peña declaró que la reciente ley anti-ONG, aprobada por el Congreso, no representa un retroceso en materia de derechos. Según Peña, tras una revisión “desde el punto de vista legal”, no se encontró fundamento para considerar que la normativa afecte derechos fundamentales. El mandatario tiene la responsabilidad de decidir en breve si promulga o veta la ley, la cual ha generado polémica desde su presentación.
Esta legislación, conocida popularmente como la “ley garrote”, otorga un control más amplio sobre las organizaciones no gubernamentales y fue aprobada hace un mes. Al ser consultado por medios de comunicación, Peña evitó adelantar su postura sobre la promulgación, señalando que anunciará su decisión cuando sea tomada. En paralelo, medios internacionales como el Financial Times han destacado la presión política que rodea al mandatario en relación con esta normativa, impulsada desde sectores cartistas.
Peña defendió el espíritu de la ley, señalando que “el control y la transparencia son elementos fundamentales” para la gestión, y añadió que todos los sectores deben adherirse a estos principios sin excepciones. Reiteró que la aplicación de controles no tiene intención de vulnerar derechos establecidos en la Constitución y negó que la ley sea una herramienta de persecución o discriminación hacia las ONG.
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En este contexto, el Ejecutivo ya había manifestado previamente su “voz de preocupación” sobre el texto inicial aprobado por el Senado, proponiendo ajustes que finalmente fueron incorporados en la Cámara Baja. Estos cambios, según el senador Gustavo Leite, fueron recibidos con crítica en ciertos sectores, y el debate en torno a ellos se mantiene vigente en el ámbito legislativo.
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La ley ha sido particularmente cuestionada por organizaciones que trabajan en áreas de transparencia y anticorrupción, quienes consideran que los controles adicionales podrían dificultar su labor en favor de la sociedad civil. La oposición ha calificado la medida como una posible herramienta de presión para silenciar las voces que exigen transparencia en la gestión estatal.
El debate en torno a la ley anti-ONG sigue en desarrollo mientras el presidente Peña define si respaldará o no su promulgación. La medida plantea interrogantes sobre la compatibilidad entre control estatal y derechos ciudadanos en el marco de la transparencia.
Fuente: Última Hora
