El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, remitió al Poder Ejecutivo la ley Anti-ONG. Foto: Senado Gentileza
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, firmó y remitió finalmente al Poder Ejecutivo el controvertido proyecto de ley de control a organizaciones sin fines de lucro, conocida popularmente como “Ley Anti-ONG”. Con esta firma, el presidente de la República, Santiago Peña, se enfrenta a la decisión de vetar o promulgar una normativa que ha generado críticas y tensión, tanto a nivel nacional como internacional. Activistas y representantes de la sociedad civil sostienen que esta ley vulnera el derecho de las ONG a operar con independencia, mientras que sus defensores alegan que busca fomentar la transparencia en el sector.
El proyecto de ley, sancionado por el Congreso el pasado 9 de octubre, establece un marco de control, transparencia y rendición de cuentas para las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, estuvo más de un mes pendiente de envío al Ejecutivo, en medio de disputas en el Senado sobre quién debía remitir el documento. Según el senador cartista Natalicio Chase, el retraso se debió a “un error de firmas”, lo que mantuvo la normativa “cajoneada” en el Congreso.
El texto de la ley propone medidas más estrictas para las ONG, obligándolas a informar detalladamente sobre sus actividades, financiamiento y gestión de recursos. Para los impulsores, estas exigencias son un avance hacia una mayor transparencia. No obstante, críticos nacionales e internacionales sostienen que las restricciones incluidas son una “amenaza” a la libertad operativa de estas entidades, particularmente para aquellas que trabajan en temas sensibles, como derechos humanos y desarrollo social.
El periódico británico Financial Times publicó un artículo reciente sobre la Ley Anti-ONG en Paraguay, calificándola como un potencial riesgo para la imagen del país frente a inversores y diplomáticos extranjeros. Según el medio, Peña enfrenta un “dilema” al tener que decidir entre la postura de sus aliados políticos y las advertencias de la comunidad internacional. Además, señala que esta ley podría convertirse en una “marca negra” para Paraguay, ya que estaría limitando el margen de acción de las organizaciones civiles, las cuales son consideradas un pilar importante para el desarrollo y el fortalecimiento democrático.
En el contexto político, la influencia del expresidente y líder del Partido Colorado, Horacio Cartes, ha sido clave en la aprobación de esta ley. Cartes, quien sigue bajo sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, ha sido señalado como el impulsor de esta normativa en un intento de aumentar el control estatal sobre las ONG. Por su parte, Peña deberá evaluar si cumple con las demandas de sus aliados políticos o si toma una postura conciliadora hacia la comunidad internacional y sectores civiles.
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Las ONGs han expresado preocupación sobre el impacto de esta normativa en su capacidad de operar y recibir financiamiento. Según activistas, la ley podría ser utilizada para restringir y controlar a organizaciones que realicen labores de fiscalización o defensa de derechos humanos. La directora de una conocida ONG, quien prefirió mantener su identidad en reserva, expresó: “Esta ley, en vez de promover la transparencia, crea un clima de hostilidad para quienes trabajan por el bienestar social”.
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El presidente Peña se encuentra ahora en la encrucijada de decidir el destino de esta ley, en un contexto de alta presión política y diplomática. Según sus asesores, la decisión se tomará tras un análisis detallado de los beneficios y riesgos para la democracia y la reputación de Paraguay a nivel internacional. Peña tiene la opción de vetar total o parcialmente el proyecto de ley, lo que podría aliviar las tensiones con la comunidad internacional y con sectores sociales en el país.
Si la Ley Anti-ONG es promulgada, las organizaciones civiles deberán cumplir con regulaciones estrictas sobre transparencia financiera y gestión de recursos. Además, algunos expertos advierten que esta normativa podría servir como precedente para futuras medidas de control estatal, afectando tanto la libertad de acción de las ONG como el clima democrático en el país.
Fuente: ABC Color
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