El contralor Camilo Benítez y el presidente de la República Santiago Peña. Gentileza/Presidencia de la República
La Cámara de Diputados sancionó recientemente el proyecto de ley que establece un nuevo régimen de integridad y transparencia en Paraguay, con el cual la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) será absorbida por la Contraloría General de la República (CGR). La propuesta legislativa ha generado críticas en torno a la posible injerencia del Poder Ejecutivo en la lucha anticorrupción, debido a su papel en el Consejo Nacional Anticorrupción creado por esta ley.
El proyecto de ley, que ahora se encuentra a la espera de la promulgación del Poder Ejecutivo, busca fortalecer a la Contraloría como el principal órgano de control, absorbiendo las funciones de la Senac, que previamente dependía del Ejecutivo. No obstante, este cambio estructural ha sido calificado por varios diputados opositores como un mecanismo que podría permitir al Ejecutivo tener mayor injerencia en la Contraloría, afectando su independencia.
El diputado colorado disidente Mauricio Espínola cuestionó la efectividad de esta reforma y destacó que el Ejecutivo tuvo anteriormente la oportunidad de fortalecer a la Contraloría al vetar un proyecto de ley que impedía el conocido “puenteo” al Tribunal de Cuentas, técnica utilizada por administradores sospechosos de corrupción para eludir la fiscalización. Según Espínola, el nuevo Consejo Nacional Anticorrupción, presidido en conjunto por la CGR y el Jefe de Gabinete del Ejecutivo, corre el riesgo de ser utilizado con fines políticos.
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Los legisladores Federico Franco y Daniel Centurión también expresaron su rechazo a la medida, señalando que el consejo creado podría actuar de forma selectiva en sus investigaciones. Los parlamentarios pidieron la eliminación del artículo 11 de la ley, que otorga protagonismo al Ejecutivo en la coordinación de este consejo, por considerar que este es un riesgo para la independencia de las investigaciones.
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El diputado Raúl Benítez, por su parte, argumentó que este consejo podría convertirse en un “grupo de amigos” que decide a quién investigar y a quién no, basado en alineamientos políticos. Este temor fue respaldado por otros legisladores que enfatizaron el riesgo de que el consejo imite el actuar de la polémica “Comisión Garrote”, que ha sido señalada por prácticas de persecución contra opositores.
Finalmente, el diputado Yamil Esgaib defendió el proyecto de ley y, en una declaración que generó controversia, refirió al Ejecutivo como el “patrón” de las instituciones, lo cual reforzó las críticas sobre la potencial injerencia del Ejecutivo en la Contraloría. Esta postura fue rechazada por la oposición, que reiteró la necesidad de mantener la independencia de los organismos de control para asegurar una lucha efectiva contra la corrupción.
Fuente: ABC Color
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