Manifestación de Centrales Obreras. Captura de pantalla 780 am, Archivo.
Las principales centrales obreras, encabezadas por la Confederación de la Clase Trabajadora, han solicitado al Senado el aplazamiento del tratamiento del proyecto de ley del Servicio Civil. Según el secretario general de la Confederación, Julio López, en una plenaria reciente los gremios coincidieron en que la normativa, tal como está redactada, podría poner en riesgo derechos adquiridos de los trabajadores del sector público, como el derecho a huelga, la seguridad social, los convenios colectivos y la estabilidad laboral.
La preocupación sindical radica en varios artículos del proyecto que, de acuerdo con López, “colisionan con la propia Constitución” y afectan principios básicos de los derechos laborales. El líder sindical sostuvo que este proyecto, de aprobarse, crearía un clima de precarización laboral en el sector público, afectando a empleados de diversas instituciones y dependencias del Estado.
Uno de los principales argumentos de los gremios en contra de la ley es la posible pérdida de derechos fundamentales para los trabajadores. Según López, las disposiciones del proyecto afectarán la posibilidad de firmar convenios colectivos y el derecho de los empleados públicos a movilizarse. Estos cambios, advirtió, debilitarían las condiciones laborales en instituciones públicas que dependen de la estabilidad y seguridad laboral de sus empleados para ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía.
Además, los representantes sindicales señalaron que el proyecto se desarrolló sin consultar a los referentes de los gremios de empleados públicos, lo cual va en detrimento de una verdadera representación y participación de los trabajadores en la creación de la normativa que regirá sus derechos.
Los sindicatos, encabezados por el frente sindical, han convocado a una movilización para el miércoles a las 09:00 horas. El encuentro tendrá lugar frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y desde allí marcharán hacia el Congreso Nacional, donde presentarán su solicitud de aplazamiento para que el proyecto sea discutido nuevamente con la inclusión de los sectores afectados.
La decisión de convocar a una marcha responde al descontento que ha generado esta iniciativa entre los trabajadores públicos. Según López, “existe un descontento generalizado” ante la posibilidad de que se apruebe una ley que ignora las demandas y derechos de los empleados del sector público.
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Para los gremios sindicales, la aprobación de esta ley sin mayores revisiones generaría un clima de inseguridad laboral. La normativa, según señalan, podría implicar cambios en la contratación y despido de empleados públicos, así como afectar las condiciones de estabilidad y seguridad laboral que los gremios consideran esenciales para la calidad de los servicios del Estado. Esto, según advierten, pondría en riesgo el bienestar de cientos de familias y la eficiencia en las funciones públicas.
López aseguró que los gremios no descartan aumentar la presión en el caso de que el proyecto de ley avance en el Senado sin modificaciones. La movilización de esta semana es apenas el primer paso, y los sindicatos están preparados para continuar la defensa de sus derechos con medidas de presión adicionales. Insisten en que se debe abrir un espacio de diálogo que permita modificar el proyecto en beneficio de los trabajadores públicos.
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Además de los cuestionamientos en torno a los derechos laborales, los gremios también consideran que la ley, en su forma actual, enfrentaría desafíos significativos en su implementación. Las dificultades de aplicación en temas como la estabilidad laboral, la remuneración y la seguridad social podrían traducirse en una gestión ineficiente y perjudicarían tanto a los empleados como al funcionamiento de las instituciones públicas, de acuerdo con el análisis gremial.
Fuente: Megacadena
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