Rocío Abed.
El Congreso paraguayo aprobó el lunes un presupuesto nacional para 2024 con modificaciones propuestas por la comisión bicameral, con un monto total de G. 132,9 billones. Aunque representa un incremento del 14% respecto a 2023, el nuevo presupuesto es visto como una asignación más austera que mantiene un déficit fiscal proyectado del 1,9% del PIB. Una de las decisiones más destacadas fue la eliminación del seguro médico VIP para los legisladores, en una movida que apuntó a reducir privilegios en el marco de un acalorado debate.
Los diputados mantuvieron el beneficio de un vale de combustible mensual de G. 5.000.000 para cada legislador. La medida fue aprobada con el voto favorable de 57 legisladores, aunque siete se opusieron, entre ellos, Adrián Vaesken y Leidy Galeano. Esta decisión generó controversia, ya que mientras se eliminó el seguro médico, se mantuvo el beneficio de combustible, que ha sido objeto de críticas de la ciudadanía.
El diputado cartista Alejandro Aguilera, quien se mostró en desacuerdo con los recortes, declaró que él renunciaría al vale de combustible, señalando que los gastos del Congreso suelen ser percibidos como privilegios injustificados, mientras el Ejecutivo cuenta con gastos similares que pasan desapercibidos. Aguilera planteó la necesidad de analizar los gastos del Estado de manera integral para evitar un sesgo contra el Congreso.
Por su parte, Rocío Abed, líder de la bancada oficialista, impulsó una propuesta para que los fondos destinados al seguro VIP se asignen al mantenimiento del edificio del Congreso. Esta propuesta encontró resistencia en algunos sectores, como el del diputado liberal Billy Vaesken, quien sugirió que los recursos deberían ser destinados a la promoción de la agricultura familiar campesina, una alternativa que finalmente no prosperó.
Durante el debate, se produjo una intensa discusión entre Jatar Fernández, del cartismo, y Johanna Ortega, de País Solidario. Jatar propuso destinar los recursos al Instituto de Previsión Social (IPS), una medida que Ortega rechazó por la autarquía financiera de la institución. Ortega cuestionó las propuestas “populistas” de sus colegas, señalando que el debate debe centrarse en soluciones viables para la ciudadanía.
Jatar respondió desafiando a Ortega a utilizar servicios de salud pública en lugar de privados, una declaración que desató una réplica enérgica de Ortega, quien enfatizó su compromiso de larga data con la salud pública y defendió su derecho a decidir dónde dar a luz a su hijo. Ortega también destacó su militancia desde los 15 años en pro de un sistema de salud accesible para todos.
Además de las tensiones en el recinto, hubo críticas hacia el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), específicamente de parte del diputado liberal Gómez, quien señaló que a la ministra Claudia Centurión se le asignaron G. 7 billones, por lo que, a su criterio, ya no tendría excusas para justificar la falta de inversión en infraestructura.
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Rodrigo Blanco, también liberal, expresó su rechazo a la emisión de bonos sin el control del Congreso, especialmente para la Agencia Financiera de Desarrollo, que podría emitir hasta G. 240 billones sin autorización legislativa. Esta propuesta, según Blanco, socava la potestad del Congreso para supervisar la deuda pública y sus condiciones.
La aprobación del presupuesto avanza ahora al Senado, donde se espera un nuevo debate sobre la distribución de los recursos del Estado y la efectividad de los recortes en el marco de un clima de austeridad. La discusión continuará, con un enfoque especial en los recursos destinados a infraestructura y desarrollo social, áreas que siguen siendo prioritarias para algunos legisladores.
Fuente: La Política Online
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