Foto: Archivo.
El Financial Times, uno de los principales medios británicos en economía y negocios, ha puesto el foco en el dilema que enfrenta el presidente Santiago Peña sobre la controvertida ley “garrote”. Esta normativa, que busca establecer un control estricto sobre las organizaciones no gubernamentales en Paraguay, cuenta con el respaldo del expresidente Horacio Cartes, quien jugó un rol crucial en la elección de Peña. No obstante, Peña enfrenta la presión de la comunidad internacional, inversionistas y la ONU, quienes abogan por su veto debido a las implicaciones que tendría en la institucionalidad y la imagen del país.
El Financial Times señaló que la ley, sancionada el pasado 9 de octubre en el Congreso, podría debilitar el Estado de derecho en Paraguay. Según el medio, los inversionistas y diplomáticos han advertido que esta legislación podría afectar negativamente la percepción de Paraguay como un destino seguro para las inversiones. Por su parte, la ONU expresó su preocupación, argumentando que la ley “garrote” limitaría la libertad de las oenegés, que desempeñan un rol clave en la defensa de los derechos civiles y en la transparencia gubernamental.
La situación coloca a Peña en una posición compleja, ya que debe elegir entre vetar la ley y enfrentar el descontento de Cartes y su sector, o promulgarla y arriesgar su relación con la comunidad internacional. La ley fue promovida por el Partido Colorado, que controla el Congreso y que sostiene que esta medida es esencial para prevenir el lavado de dinero y frenar la intervención extranjera en asuntos internos.
Financial Times destacó que varios críticos de la ley han señalado que podría utilizarse para perseguir a los opositores de Cartes, entre ellos figuras públicas como Soledad Núñez, Marta Ferrara y Agustín Carrizosa. El medio también recordó una entrevista previa con Peña en la que el presidente defendió la normativa como un “mecanismo de transparencia” para fortalecer las instituciones.
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Otro aspecto relevante mencionado en el artículo es la falta de una base legislativa propia de Peña, lo que lo hace depender del respaldo de Cartes para avanzar en su gestión. Esta falta de independencia refuerza la dificultad del dilema, ya que cualquier decisión podría repercutir en su futuro político. La ley aún no ha llegado al Poder Ejecutivo debido a un “error administrativo”, pero cuando lo haga, Peña tendrá un plazo de 20 días hábiles para definir su postura.
La situación ha generado expectación tanto dentro como fuera de Paraguay. La decisión final de Peña será observada de cerca, ya que podría marcar un punto de inflexión en su administración y en las relaciones internacionales del país.
Fuente: Ultima Hora
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