La empresa portuguesa Mota Engil ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para insistir en el cobro de USD 19 millones, monto originalmente ordenado por un laudo arbitral a raíz de la cancelación del proyecto de metrobús en Paraguay. Esta suma había sido reducida recientemente a USD 2,6 millones por una resolución del Tribunal de Apelación, tercera sala de la Capital, a pedido de la Procuraduría General de la República (PGR).
El recurso presentado por Mota Engil busca anular la decisión judicial que reduce la compensación y reinstaurar el monto de USD 19 millones establecido inicialmente. Según explicó el procurador general de la República, Marco Aurelio González, la empresa insiste en mantener la cifra original, argumentando que el fallo de reducción afecta sus derechos adquiridos en el laudo arbitral. González también señaló que Mota Engil presentó el recurso en el último día del plazo permitido.
El proyecto de metrobús, que debía ser una solución de transporte para Asunción y áreas aledañas, fue cancelado durante la administración de Mario Abdo Benítez tras varios incumplimientos y problemas de ejecución. La empresa Mota Engil, quien era la contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para este proyecto, reclamó inicialmente USD 40 millones por supuestos daños, aunque la cifra fue reducida a USD 19 millones por el tribunal arbitral.
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A inicios de este año, la Procuraduría General de la República presentó un recurso para anular la compensación impuesta, logrando una reducción significativa en el monto. Esta decisión del tribunal de apelación fue favorable para el Estado, reduciendo la cifra a pagar a USD 2,6 millones, una sentencia que Mota Engil ahora busca revertir a través de su acción de inconstitucionalidad.
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La cancelación del metrobús ha resultado en una serie de acusaciones y procesos judiciales. Entre los implicados se encuentran el exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y la exviceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez Morínigo. Ambos están acusados en un proceso que podría elevarse a juicio oral por presuntas irregularidades en la administración del proyecto. El pasado 8 de octubre, la audiencia preliminar fue suspendida, lo que retrasó nuevamente la posibilidad de llevar el caso a juicio.
La insistencia de Mota Engil en cobrar la suma original plantea un desafío para el Estado paraguayo, que ha tratado de minimizar el impacto financiero del proyecto fallido. La acción de inconstitucionalidad, actualmente en manos de la Corte Suprema, decidirá si el laudo original se mantiene o si la reducción del monto es definitiva.
Fuente: ABC Color
