La reciente promulgación de la Ley 7349 establece una pensión destinada a niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad que son víctimas colaterales de feminicidio en Paraguay. Esta legislación busca proporcionar apoyo económico y asistencia integral a los afectados, a través de un régimen de pensiones a cargo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).
La autoridad de aplicación de esta ley es el Minna, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encargará de abonar el monto de la pensión y ajustar los reglamentos. Actualmente, ambas instituciones trabajan en la reglamentación, con el fin de definir los procedimientos y asegurar la implementación del beneficio.
Eduardo Escobar Said, viceministro de Protección Integral del Minna, explicó que la ley ya se encuentra vigente desde su promulgación y que ahora se están afinando los mecanismos necesarios para su operatividad. Este proyecto busca ofrecer un apoyo financiero mensual que permita cubrir necesidades básicas de los beneficiarios.
➡El MINNA encabeza la elaboración del Proyecto de Reglamentación de la Ley 7349/2024 «de pensión para niñas, niños y adolescentes víctimas de feminicidio u homicidio de un progenitor en un contexto de violencia familiar”.#GobiernoDelParaguay
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El monto de la pensión se establece en quince jornales mínimos mensuales, lo que equivale a G. 1.545.000. Este monto se ajustará conforme a las variaciones del jornal diario, permitiendo que los beneficiarios tengan un ingreso estable a lo largo del tiempo.
Los beneficiarios directos son niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad cuya madre haya fallecido como consecuencia de feminicidio o violencia familiar. La ley estipula que el monto de la pensión será entregado a la persona que tenga la guarda o tutela del menor, siempre que no cuente con ingresos superiores a cinco salarios mínimos.
Además de la pensión, el Estado ofrecerá servicios de atención integral, como asistencia psicológica y atención de salud mental y física, en colaboración con la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis). Esta atención integral busca garantizar el bienestar de los menores y contribuir a su recuperación emocional y social.
En cuanto a los requisitos, el responsable de la guarda debe cumplir con ciertos filtros judiciales, incluyendo no tener antecedentes penales, para asegurar que la pensión llegue a personas aptas para el cuidado del beneficiario. Según Escobar Said, este proceso es fundamental para proteger los derechos de los menores afectados.
El cobro de la pensión se realizará a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), en una modalidad similar a la utilizada en otros programas de apoyo social. Este sistema permitirá una distribución ordenada y segura de los fondos, facilitando el acceso de los beneficiarios a sus recursos.
La ley también contempla la creación de un Programa de Atención Integral, coordinado con el Ministerio de Salud Pública y otras entidades, para garantizar que los beneficiarios reciban el apoyo necesario. Este programa incluirá el ajuste del monto conforme a la normativa vigente y el acceso a una red de servicios integrales.
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Las personas interesadas en solicitar la pensión podrán obtener más información en las oficinas del Minna, donde también se habilitará una línea telefónica de consulta. La ley establece un plazo de 90 días para la implementación completa, pero el Minna busca acelerar el proceso para brindar el apoyo lo antes posible.
Con esta nueva normativa, el gobierno de Paraguay avanza en la protección de víctimas colaterales de feminicidio, ofreciendo no solo un subsidio económico sino también un respaldo integral para quienes más lo necesitan.
Fuente: Última Hora
