Imagen illustrativa. Pensar salud.
La Cámara de Diputados aprobó y envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley que protege el salario de mujeres embarazadas al prohibir descuentos por asistir a controles prenatales durante el horario laboral. Esta ley, que había recibido modificaciones por parte del Senado, fue sancionada con respaldo de distintos sectores y solo resta su promulgación por parte del presidente Santiago Peña.
El proyecto de ley establece permisos de hasta cuatro horas para que las trabajadoras en estado de gestación puedan acudir a sus controles médicos. Según el artículo 4º, esas horas se considerarán trabajadas y no podrán ser descontadas del salario ni de la remuneración total de la empleada. Además, en caso de que se requiera tiempo adicional, el médico tratante podrá certificar la necesidad de más horas, garantizando la prohibición de descuentos salariales en estos casos.
La iniciativa fue impulsada por la diputada cartista Carmen Giménez de Ovando, quien destacó la importancia de las modificaciones del Senado, las cuales permiten extender el tiempo de los permisos en base a una evaluación médica. Esta medida busca fortalecer los derechos laborales de las mujeres y asegurar un adecuado cuidado durante el embarazo.
La diputada Johanna Ortega, del Partido País Solidario y quien se encuentra en etapa de gestación, expresó su apoyo a la ley. Ortega resaltó que aunque aún quedan desafíos en la mejora de la salud pública materno-perinatal, este avance es un paso importante para garantizar mejores condiciones para las madres y sus hijos. “Este tipo de proyectos contribuyen a mejorar nuestros índices de control prenatal y refuerzan los derechos de las mujeres gestantes”, afirmó.
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El diputado Raúl Latorre también intervino en el debate, enfatizando la importancia de políticas públicas que materialicen la defensa de la vida y la familia. Señaló que este proyecto refleja los principios constitucionales y el compromiso estatal de apoyar los procesos de gestación para que concluyan de manera exitosa.
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Por último, el presidente de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño, destacó que se redujeron las multas establecidas en caso de incumplimiento por parte de los empleadores. Inicialmente, las multas oscilaban entre 50 y 100 jornales mínimos, pero tras la modificación, se establecieron entre 10 y 50 jornales, lo que representa un rango de G. 1.076.270 a G. 5.381.350. Los fondos recaudados por estas sanciones se destinarán al Ministerio de Salud, en vez del Ministerio del Trabajo, como se había propuesto en un inicio.
Fuente: ABC Color
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