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Diputados analizan Registro Nacional de Portación de Armas

Diputados discuten la creación del Registro Nacional de Portación de Armas y otras reformas para mejorar la regulación de armas.

Arma de fuego. Foto: DW

La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de la Cámara de Diputados se encuentra evaluando un proyecto de ley que busca reformar de manera integral la regulación sobre el uso y la tenencia de armas de fuego en Paraguay. La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, abarca la normativa de armas de fuego, sus componentes, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos, con el fin de actualizar y fortalecer las disposiciones actuales.

El proyecto, compuesto por 289 artículos, pretende modificar por completo la ley 4036/2010, que regula el uso de armas de fuego y sus elementos relacionados.

Uno de los puntos centrales es la creación de un Registro Nacional de Portación de Armas de Fuego, que quedará bajo la administración de la Policía Nacional, entidad que continuará siendo la encargada de inscribir a las personas que cumplan con los requisitos legales para portar armas.

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Durante una reunión de análisis, la comisión presidida por el diputado Pedro Ortiz recibió al titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín. En este encuentro se discutieron los alcances del proyecto, incluyendo la reorganización de la Dimabel, que pasará a llamarse Dirección General de Material Bélico (Digemabel), reforzando así su rol como organismo de aplicación.

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El proyecto también propone que los materiales incautados sean dispuestos en favor de los órganos de seguridad, lo cual fortalecería las capacidades operativas de las fuerzas del orden. Este aspecto fue debatido con el objetivo de mejorar la trazabilidad y el control de armas en el país.

Para facilitar un debate más amplio y participativo, la comisión asesora ha convocado a una audiencia pública el lunes 11 de noviembre, a las 08:00, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja. En esta reunión se espera la participación de entidades estatales, el sector privado y la sociedad civil, buscando así un consenso sobre la implementación y los detalles del proyecto.

Fuente: El Nacional