La OGP advierte sobre la ley anti-ONG en Paraguay. Esta normativa podría limitar la labor de las organizaciones y debilitar la respuesta estatal. ÚH
El Comité de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) expresó su preocupación por la reciente ley aprobada en el Congreso que establece un control más estricto sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta normativa, pendiente de promulgación o veto por parte del presidente Santiago Peña, podría representar un riesgo significativo para el funcionamiento y la autonomía de estas entidades.
En un comunicado, la OGP, que agrupa a 70 Estados miembros y promueve la transparencia y la participación cívica, advirtió que las nuevas disposiciones podrían aumentar la carga administrativa y los costos legales para las ONG, dificultando su acceso a financiamiento y limitando su capacidad de operación en beneficio de la comunidad. “Nos preocupa que estas regulaciones puedan generar un ambiente hostil que atente contra la libertad de asociación y el acceso a recursos”, señaló el organismo.
El proyecto de ley, impulsado desde el sector político del presidente Peña y liderado por figuras como Gustavo Leite, contempla medidas que podrían dejar a muchas organizaciones sin fines de lucro en una posición vulnerable. Expertos y representantes de la sociedad civil advierten que estas normativas podrían poner en riesgo la existencia de las organizaciones por el aumento de la burocracia y las exigencias legales, además de obstaculizar la financiación necesaria para sus proyectos.
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El comunicado de la OGP subraya que restringir el espacio cívico no solo afecta a las organizaciones, sino que también debilita la capacidad del Estado de actuar de manera transparente y efectiva ante las necesidades de la ciudadanía. Por ello, la organización internacional llamó a las autoridades paraguayas a reconsiderar la medida y a entablar un diálogo abierto con todos los sectores involucrados.
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La ley, que ha despertado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, es vista como una amenaza potencial para los derechos de la sociedad civil. Si bien el presidente Peña aún no ha anunciado su decisión final, la comunidad local e internacional espera que el mandatario tome en cuenta las consecuencias que podría acarrear la implementación de estas regulaciones.
Con más de 30 años de presencia global, la Alianza para el Gobierno Abierto ha trabajado para garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones. En este contexto, la aprobación de normativas que podrían limitar esa participación es vista como un retroceso en los avances democráticos y en la construcción de un gobierno transparente y colaborativo.
Fuente: Última Hora
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