Las obras que ejecutó Mota Engil, en el marco del fallido proyecto metrobús, fueron demolidas. Archivo, ABC Color
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, hizo fuertes declaraciones sobre la responsabilidad del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Arnoldo Wiens y el expresidente Mario Abdo Benítez en la decisión de demoler las obras del metrobús, señalando que este acto causó el mayor perjuicio a las arcas del Estado. Durante una conferencia, González afirmó que si el contrato no se hubiera rescindido, la obra podría haberse completado, evitando así pérdidas millonarias.
“La demolición y no la continuación de la obra es el verdadero daño. Se pagó por una infraestructura que terminó siendo destruida, y la responsabilidad recae en las autoridades que decidieron desmantelar el proyecto”, expresó el procurador. Esta afirmación se suma al debate sobre las decisiones tomadas durante el gobierno de Mario Abdo y los impactos económicos que acarrearon.
El metrobús, inicialmente impulsado por el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), fue un proyecto de transporte masivo que enfrentó múltiples problemas. En 2020, la administración de Abdo decidió rescindir el contrato con la firma constructora portuguesa Mota Engil. Sin embargo, en diciembre de 2023, la empresa ganó un arbitraje por 17 millones de dólares, a lo que se suman intereses adicionales. Este resultado evidenció las fallas en la gestión y la falta de previsión que rodearon la cancelación del proyecto.
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En días recientes, el procurador anunció que el Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital anuló parcialmente el laudo arbitral, reduciendo las obligaciones del Estado a más de 600 millones de guaraníes que Mota Engil debe pagar al MOPC, y dejando un saldo de 2.6 millones de dólares que el MOPC deberá devolver a la constructora en concepto de pago retenido. González resaltó los esfuerzos para proteger la posición del Estado paraguayo y evitar el desembolso de casi 16 millones de dólares, señalando que cualquier responsabilidad penal deberá ser evaluada por el Ministerio Público.
“El discurso político fue incoherente, se argumentaba incumplimiento de contrato, pero hoy está demostrado que no existía tal incumplimiento”, agregó González. Explicó que se podrían haber obtenido los permisos municipales y cumplido los requisitos para concluir la obra, si se hubiera optado por mantener el contrato.
Fuente: ABC
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