Gremios docentes se reunieron esta mañana en el local de la UNE - SN. Foto: Fernando Romero
Los sindicatos docentes han revelado preocupantes estadísticas sobre el concurso público organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el Banco de Datos de Docentes Elegibles (BDDE). Según la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), de los 56.000 candidatos habilitados, únicamente 20.000 son profesores en ejercicio activo, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad de los títulos presentados.
Los resultados de las primeras evaluaciones muestran un patrón alarmante de aplazos masivos. En la primera fecha, realizada el 25 de septiembre en Asunción, Central y Chaco, el 50% de los 12.000 participantes reprobó el examen. Las subsiguientes evaluaciones en las regiones Este, Sur y Norte del país registraron un incremento en la tasa de reprobación, alcanzando el 70% de los postulantes.
Silvio Piris, presidente de la FEP, denunció la presunta comercialización irregular de títulos docentes en varios departamentos. Según el dirigente gremial, existen casos donde personas obtienen títulos aparentemente oficiales sin haber asistido a institutos de formación docente ni universidades, aunque señaló la dificultad de presentar pruebas concretas para formalizar denuncias.
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La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), a través de su secretario general Gabriel Espínola, anunció que solicitarán información detallada sobre el origen de la formación de los docentes participantes. El objetivo es analizar datos estadísticos segmentados por sector público y privado, así como la situación laboral actual de los postulantes, para fundamentar una posible nueva convocatoria inmediata del BDDE.
Paralelamente, los gremios docentes anunciaron manifestaciones para el 12 de noviembre frente al MEC, exigiendo nuevas evaluaciones a nivel nacional. Adicionalmente, preparan una protesta para el 13 de noviembre ante el Congreso, en el marco del tratamiento de la ley de Carrera Civil, buscando garantizar que se respeten los acuerdos previos que excluyen al sector educativo de dicha normativa.
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Los aspectos no negociables para los educadores incluyen el derecho a la huelga, la no categorización de la educación como servicio imprescindible y el derecho a la sindicalización. Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN), enfatizó que vigilarán el cumplimiento de estos puntos acordados durante el tratamiento legislativo.
Fuente: ABC Color
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