Una investigación periodística reveló que familiares del exsenador Jorge Oviedo Matto mantienen un negocio gastronómico en las instalaciones del Senado mientras perciben salarios estatales. Mirtha Alicia Oviedo de Brugada, hermana del exlegislador, y su hija Aramí Brugada Oviedo administran una cantina en el segundo piso del Congreso, percibiendo simultáneamente salarios de G. 13 y G. 9 millones respectivamente como funcionarias públicas.
Los documentos obtenidos por Radio Monumental 1080 AM demuestran que Mirtha Oviedo fue nombrada en 2007 como directora de la bancada del Partido Unace, mientras que su hija ocupa un cargo de asistente sin funciones específicas. Tras la salida del exsenador Oviedo Matto y la consecuente desaparición de la bancada partidaria, ambas fueron reubicadas como auxiliares de servicios generales en la Cámara de Senadores.
La investigación revela que las funcionarias establecieron una cantina en la cocina del segundo piso del edificio del Congreso, donde comercializan diversos alimentos como sándwiches de milanesa, empanadas y café. El emprendimiento familiar incluso cuenta con servicio de delivery, ejecutado por Arnaldo Prieto, un funcionario nombrado como mozo con un salario de G. 4 millones.
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Este caso se suma a un patrón más amplio de nepotismo vinculado al exsenador. Según publicaciones del diario Última Hora en 2017, Oviedo Matto había nombrado a 25 familiares en distintas oficinas del Senado y otros siete en diferentes entidades estatales. Los salarios y bonificaciones de estos funcionarios representan un gasto mensual superior a G. 200 millones para el Estado paraguayo.
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Durante su gestión como presidente del Congreso, Oviedo Matto también designó a Martín Belotto, tío de su esposa, como ascensorista con una remuneración de G. 2.900.000. Este nombramiento forma parte de una extensa red de designaciones familiares que ha generado significativos costos al erario público.
La situación expone una práctica institucionalizada de nepotismo en el Poder Legislativo, donde funcionarios nombrados sin funciones específicas aprovechan las instalaciones públicas para emprendimientos privados mientras continúan percibiendo salarios estatales. El caso evidencia la persistencia de prácticas que comprometen la transparencia y eficiencia en la administración de recursos públicos.
Fuente: Última Hora
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