La legitimidad del proceso judicial contra Walter Bower, exministro del Interior, enfrenta un nuevo desafío tras la filtración de presuntas conversaciones entre miembros del tribunal de sentencia y el abogado querellante. La revelación de estos audios ha desencadenado una serie de recusaciones que mantienen paralizado el juicio oral.
René Fernández, abogado defensor de Bower, manifestó su preocupación por el contenido de las grabaciones filtradas este martes, que aparentemente evidencian comunicaciones privadas entre integrantes del tribunal y la parte querellante. Según el letrado, estas supuestas reuniones extraoficiales socavan la confianza en la imparcialidad del proceso judicial.
El caso, que involucra acusaciones de tortura contra Alfredo Cáceres y Jorge Luis López durante el intento de golpe de Estado del año 2000, se encuentra actualmente en una encrucijada procesal. La defensa de los acusados Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera ha presentado recusaciones tanto contra el tribunal de sentencia como contra el tribunal de apelación.
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver las recusaciones planteadas contra el tribunal de alzada antes de que este pueda pronunciarse sobre la recusación del tribunal de sentencia. Esta situación ha generado una carrera contra el tiempo, ya que si las incidencias no se resuelven dentro del plazo de diez días, el juicio deberá reiniciarse completamente.
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Los acusados ya fueron declarados culpables en una primera etapa del juicio dividido, quedando pendiente la determinación de las penas correspondientes. La fiscalía sostiene que Palacios y Vera ejecutaron actos de tortura en la Comisaría 11 y el Comando del Ejército, mientras que Bower, en su rol de ministro del Interior, presenció estos hechos sin intervenir para evitarlos.
La agente fiscal Sonia Sanguinez fundamenta la acusación en elementos probatorios que incluyen testimonios de las víctimas, registros documentales del Comando de Infantería y evaluaciones psicológicas que demuestran el impacto de las torturas en las víctimas. Estos informes evidencian afectaciones patrimoniales, laborales y psicológicas derivadas de los tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos Cáceres y López.
Fuente: Judiciales.net
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