Un nuevo caso de deforestación en la zona de influencia del río Aquidabán, en el departamento de Amambay, fue denunciado por los propietarios de la estancia Aguas Claras, quienes señalaron la tala ilegal de árboles en sus terrenos.
La denuncia fue atendida por una comitiva encabezada por la fiscala de Delitos Ambientales, Reinalda Palacios, acompañada por efectivos de la Policía Nacional. Según se informó, la deforestación estaría ligada a un presunto intento de habilitar parcelas para el cultivo de marihuana en la reserva forestal del establecimiento ganadero.
El operativo se llevó a cabo a unos 20 kilómetros de la Subcomisaría de Puente Aquidabán, en una reserva de difícil acceso dentro del predio de la estancia. Basilio Romero, trabajador del establecimiento, acompañó a la comitiva hasta el sitio específico donde, a cinco kilómetros del casco central de la estancia, se observó la tala indiscriminada de árboles en un total de seis parcelas. Cada una de estas parcelas tiene una extensión de 4,5 hectáreas, sumando aproximadamente 28 hectáreas afectadas.
En el lugar, los intervinientes levantaron un acta detallando los daños visibles y la preparación de las parcelas para el aparente cultivo ilícito. Romero, quien guió a los agentes hasta el sitio de la deforestación, explicó que este es un problema frecuente en la región, donde la tala ilegal afecta áreas protegidas y de alto valor ecológico. Sin embargo, la comitiva no encontró maquinaria ni personas responsables durante la intervención.
Las autoridades ambientales y policiales señalaron que este tipo de actividades clandestinas no solo representan un daño ambiental, sino que también tienen implicaciones legales y sociales que agravan la situación en zonas vulnerables como Amambay. La fiscala Palacios indicó que ya se ha dado aviso a la Unidad Antidrogas para que inicien el monitoreo y las investigaciones pertinentes, buscando impedir la continuidad de estas actividades ilegales.
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La deforestación para cultivo ilícito no es un hecho aislado en el norte del país, siendo una preocupación constante para los habitantes y propietarios de estancias que intentan proteger sus tierras de estas actividades delictivas. Desde la estancia Aguas Claras y las autoridades locales se ha hecho un llamado a intensificar los controles en estas áreas rurales y de difícil acceso, para proteger el ecosistema de la región del río Aquidabán y frenar la tala indiscriminada.
A pesar de la intervención de las autoridades, el caso muestra las dificultades que enfrentan los fiscales y la policía para identificar a los responsables de la deforestación en zonas tan alejadas y de alta densidad boscosa. La colaboración con las unidades especializadas será clave para hacer frente a este problema que amenaza la biodiversidad y la sostenibilidad en la región.
Fuente: Ultima Hora
