La exsenadora Kattya González acudió nuevamente al Palacio de Justicia para presentar su cuarto urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia, buscando acelerar la resolución de la acción de inconstitucionalidad que interpuso tras su expulsión del Senado en febrero de 2024. González reclama el lento avance en la revisión de su caso, el cual ha sido objeto de controversias políticas y mediáticas.
El documento en cuestión, la resolución 431 del 14 de febrero de 2024, fue el mecanismo por el cual la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de González. Esta medida fue impulsada principalmente por el senador liberocartista Dionisio Amarilla, un aliado clave del cartismo en el Congreso. Desde entonces, González ha insistido en que su destitución fue una maniobra política y que la resolución debería ser anulada.
La Sala Constitucional, que debe resolver la acción presentada por González, está compuesta por nueve ministros de la Corte: Gustavo Santander, César Diesel, Víctor Ríos, Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez, César Garay Zuccolillo y Manuel Ramírez Candia. Sin embargo, hasta el momento, solo tres jueces han sido confirmados para tratar el caso: Santander, Diesel y Ríos.
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González denunció que uno de los ministros, César Garay Zuccolillo, se negó a atender su caso, lo que ella considera parte de un patrón de violencia política, especialmente dirigido hacia las mujeres. Además, argumenta que las acusaciones que llevaron a su destitución se basaron en denuncias que ya han sido descartadas tanto en instancias administrativas como por el Ministerio Público.
La exsenadora también advirtió sobre la existencia de un supuesto pacto entre la Corte Suprema y sectores del cartismo, destinado a dilatar la resolución de su caso. Según González, esta demora es una muestra del abuso de poder y una amenaza al Estado de derecho.
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En redes sociales, González continúa manifestando su preocupación por la falta de justicia, remarcando que “sin justicia no hay democracia ni libertad”. Desde su expulsión, ha seguido denunciando la persecución política de la que fue objeto, que habría sido orquestada a través de una campaña de noticias falsas y el uso de miles de perfiles falsos en redes sociales.
El proceso que culminó en su expulsión fue apoyado por 23 senadores, incluidos legisladores liberales expulsados de su propio partido y ex miembros del movimiento Cruzada Nacional. El líder de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, ratificó la expulsión, señalando que no existen precedentes de una recuperación de banca tras la pérdida de investidura en el Senado.
Fuente: Última Hora
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