Fitch Ratings ha decidido mantener la calificación crediticia de Paraguay, sin elevarla al grado de inversión, en contraste con la reciente actualización de Moody’s. En su informe, la agencia destacó el desempeño económico de Paraguay, resaltando políticas macroeconómicas prudentes y una baja deuda gubernamental. Sin embargo, mencionó importantes limitaciones, como una gobernanza débil y la controvertida Ley Anti ONG, que podría poner en riesgo libertades fundamentales.
A pesar de algunos avances, Fitch no considera que Paraguay haya alcanzado aún el nivel necesario para una mejora en su calificación. La calificadora elogió la solidez de la liquidez externa del país y una deuda pública relativamente baja en comparación con otras economías con calificaciones similares. Aun así, identificó problemas clave, como una base de ingresos insuficiente y vulnerabilidad a choques climáticos.
Según Fitch, se espera que la economía paraguaya crezca un 4,5% en 2024, una ligera desaceleración frente al 4,7% proyectado para 2023. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la recuperación agrícola y eléctrica tras la sequía, aunque en 2024 el impulso vendrá de los sectores manufacturero y de servicios. Se proyecta que este ritmo de crecimiento se mantendrá hasta 2026, con la ayuda de grandes proyectos como la planta de celulosa Paracel y el proyecto de fertilizantes ATOME.
No obstante, la agencia advirtió que el país sigue siendo vulnerable a fenómenos climáticos adversos, como la baja histórica del nivel del río Paraguay, lo que genera costos logísticos elevados y riesgos en el transporte para los exportadores.
En cuanto al déficit fiscal, Fitch prevé una reducción al 2,6% del PIB en 2024, ayudado por un aumento en la recaudación fiscal del 21% interanual hasta septiembre. El gobierno proyecta una reducción progresiva del déficit al 1,5% para 2026, enfocándose en la eficiencia del gasto y la mejora en la administración tributaria, sin implementar nuevos impuestos.
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El informe también menciona las reformas institucionales anunciadas por el gobierno, destinadas a mejorar la transparencia, combatir la corrupción y crear una meritocracia en el servicio público. Entre estas reformas se destacan la creación de una superintendencia de pensiones y una revisión integral del marco regulatorio de propiedad inmobiliaria.
Sin embargo, Fitch mostró su preocupación por la Ley Anti ONG, que podría amenazar la libertad de asociación y expresión. La calificadora indicó que si esta ley es promulgada, podría debilitar las protecciones a las organizaciones no gubernamentales, lo que impactaría negativamente la percepción internacional sobre la estabilidad y gobernanza de Paraguay.
Fuente: El Nacional
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