El Ministerio Público logró una extensión de seis meses para continuar con la investigación contra Wilfrido Cáceres, exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción. La Cámara de Apelación Penal otorgó este plazo extraordinario que culminará el 13 de mayo de 2025, otorgando más tiempo a los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez para reunir pruebas.
Cáceres enfrenta acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos que habrían sido cometidos durante su gestión en la Municipalidad de Asunción, específicamente en el periodo de la pandemia del Covid-19. Según la Fiscalía, los bienes adquiridos por el imputado no corresponden a sus ingresos declarados. Entre estos bienes se encuentra una lujosa vivienda que, supuestamente, fue adquirida mediante una simulación de compraventa.
La investigación también involucra a Ruth Da Silva, esposa de Cáceres, y a Camila Ramírez, secretaria de la misma. Ambas mujeres fueron imputadas por formar parte de la operación de ocultamiento de bienes. Se presume que utilizaron a Ramírez como prestanombres para encubrir la verdadera propiedad de la vivienda, la cual permanece a nombre de la joven secretaria, mientras el matrimonio Cáceres reside en el lugar.
La Fiscalía sostiene que el origen de los fondos utilizados para la compra de estos bienes podría provenir de recursos de la Municipalidad de Asunción. Esta hipótesis será investigada a profundidad durante el periodo adicional concedido. El análisis patrimonial de Cáceres y su esposa realizado por la Contraloría General de la República (CGR) reveló inconsistencias significativas entre los bienes declarados y sus ingresos, lo cual fue clave para la decisión de extender la investigación.
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En otro aspecto del caso, la Fiscalía descubrió que el matrimonio adquirió terrenos en la zona de Costa Guasu, San Lorenzo, por 100 millones de guaraníes, y tras realizar construcciones ostentosas, vendieron el inmueble a su secretaria por la misma suma. Este movimiento es uno de los elementos que refuerza las acusaciones de simulación de transacciones para encubrir la procedencia ilícita de los fondos.
Fuente: Judiciales.net
