La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) solicitó al presidente de la República, Santiago Peña, que vete la ley de control a las organizaciones no gubernamentales (ONG), conocida como “ley garrote”, sancionada recientemente por el Congreso Nacional. La entidad empresarial calificó la normativa como una “herramienta de intimidación” y advirtió sobre los peligros que representa para la libertad de asociación en el país.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, la ADEC expresó su profunda preocupación sobre el impacto que esta ley podría tener en las asociaciones civiles y las organizaciones sin fines de lucro. “Consideramos que esta normativa impone requisitos desmesurados que ponen en riesgo la libertad de asociación, que es un derecho consagrado en nuestra Constitución”, señaló la entidad.
Amenaza al tejido social
La ADEC subrayó que las ONG desempeñan un rol esencial en la sociedad, ayudando a fortalecer la democracia y promoviendo la justicia social. En ese sentido, advirtieron que la aplicación de sanciones arbitrarias y discrecionales bajo la nueva ley podría afectar gravemente la operatividad de muchas organizaciones.
“El debilitamiento del tejido social construido durante años de trabajo por parte de estas organizaciones no solo generaría un retroceso en las conquistas sociales, sino que también afectaría a los sectores más vulnerables de la población”, afirmaron en el comunicado.
Diálogo para una normativa equilibrada
Ante esta situación, los empresarios cristianos pidieron al presidente Peña que, en lugar de promulgar la ley, lidere un proceso de diálogo con distintos sectores de la sociedad para crear una legislación más justa y equilibrada. “Debemos trabajar hacia un marco regulatorio que fortalezca a las organizaciones que, con su labor, ejercen la democracia y ayudan a construir una sociedad más justa y participativa”, concluyeron.
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El pronunciamiento de la ADEC se suma a otras voces críticas, tanto locales como internacionales, que consideran la ley anti-ONG como una amenaza a las libertades civiles. Entre las entidades que han expresado su preocupación se encuentran organismos como Gafi, la OEA, la ONU y Amnistía Internacional.
Peña y su decisión pendiente
El presidente Peña aún no ha tomado una decisión sobre si vetará o promulgará la ley, pese a que el proyecto fue impulsado por su propio sector político, liderado por Gustavo Leite. La versión aprobada en el Congreso incluye modificaciones propuestas por el Ejecutivo, lo que genera expectativas sobre el próximo paso del mandatario.
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La ley ha sido calificada como persecutoria, ya que impone controles desproporcionados sobre las ONG bajo el argumento de la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero, lo que ha generado temores sobre su uso para desalentar la participación ciudadana y estigmatizar el activismo social.
Fuente: Última Hora
