El Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de Santiago Peña, emitió seis decretos entre el 2 de septiembre y el 14 de octubre de 2024, que formalizan el nombramiento de más de 400 empleados contratados como funcionarios permanentes en diversas instituciones públicas. Esta medida forma parte del programa de desprecarización laboral, cuyo objetivo es regularizar la situación de trabajadores que llevaban años contratados sin los beneficios correspondientes a los funcionarios permanentes.
Los nombramientos incluyen a 205 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), 161 en el Ministerio de Justicia, 57 en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), 25 en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 21 en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y 6 en la Procuraduría General de la República (PGR).
La excepción es la Procuraduría General de la República, donde los nombramientos se realizaron específicamente para cubrir vacancias disponibles, mientras que en el resto de las instituciones, el programa de desprecarización fue la razón principal para la conversión de los contratos temporales a permanentes.
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Este proceso de desprecarización busca regularizar la situación de los trabajadores contratados que han estado prestando servicios durante años, otorgándoles finalmente la estabilidad laboral y los beneficios inherentes a un cargo permanente. Sin embargo, estos nombramientos también abren la posibilidad de que las vacantes dejadas por los antiguos contratados sean ocupadas por nuevos empleados contratados, lo que genera críticas sobre el manejo de los recursos y la posibilidad de uso político.
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Según estimaciones, en la administración pública hay alrededor de 50.000 empleados contratados, mientras que los cargos de funcionarios permanentes registrados en el presupuesto vigente ascienden a 319.322. Con la aprobación del proyecto de presupuesto 2025, se espera que la cantidad de funcionarios permanentes aumente a 331.300, es decir, 11.978 nuevos cargos, la mayoría de ellos destinados a la incorporación de personal policial.
La medida refuerza la política del actual gobierno de proporcionar estabilidad laboral a los empleados públicos, aunque no está exenta de cuestionamientos sobre la creación de nuevos cargos en medio de una creciente presión sobre el presupuesto público.
