La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha encendido las alarmas sobre la Ley “Anti-ONG” recientemente sancionada en Paraguay. Esta normativa, que busca establecer un mayor control sobre las organizaciones sin fines de lucro, ha generado preocupación a nivel internacional por sus potenciales implicaciones para la sociedad civil y los derechos humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha destacado que esta ley podría restringir significativamente la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para operar de manera autónoma y efectiva. Al imponer requisitos burocráticos excesivos y limitar su financiamiento, la normativa podría coartar su labor de defensa de los derechos humanos y de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
Comunicado: @RELE_CIDH advierte sobre proyecto de ley que limita la #LibertadAsociación en #Paraguay y exhorta el Estado a considerar los estándares interamericanos de derechos humanos al analizar la promulgación o veto de este proyecto.
El comunicado: https://t.co/1fwhzVpVNu pic.twitter.com/F4EfwruTnK
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) October 18, 2024
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la obligación de las organizaciones de registrarse en un nuevo registro nacional y de presentar informes detallados sobre sus actividades y finanzas. Estos requisitos podrían generar una carga administrativa excesiva para las organizaciones más pequeñas, dificultando su funcionamiento y disuadiendo a nuevos actores de participar en la sociedad civil.
Además, la ley establece restricciones a la financiación de las organizaciones, limitando las fuentes de ingresos y estableciendo controles sobre la utilización de los fondos. Estas medidas podrían socavar la independencia de las organizaciones y hacerlas más vulnerables a presiones políticas.
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Otro punto de preocupación es el uso de términos vagos y ambiguos en la ley, lo que podría permitir una interpretación arbitraria y su aplicación selectiva. La CIDH ha advertido que estas disposiciones podrían utilizarse para restringir el derecho a la libertad de expresión y asociación, derechos fundamentales garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Las sanciones previstas en la ley para las organizaciones que incumplan sus disposiciones también son motivo de alarma. Las multas y la suspensión de actividades podrían tener un efecto disuasorio sobre las organizaciones y limitar su capacidad para llevar a cabo su trabajo.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta situación en Paraguay. La sociedad civil juega un papel fundamental en la construcción de sociedades democráticas y equitativas, y es esencial garantizar que pueda operar en un entorno libre y seguro.
Fuente: El Nacional
