Jorge Brítez, presidente del IPS. Foto: Gentileza La Nación.
Un grupo de senadores opositores ha solicitado formalmente que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, sea convocado al Congreso para dar explicaciones sobre la reciente compra de bonos financieros por G. 250.000 millones en un banco local. La nota, dirigida al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, no tiene como objetivo interpelar a Brítez, sino invitarlo a brindar detalles sobre la operación, que ha generado inquietud en varios sectores de la sociedad.
El senador liberal Eduardo Nakayama, en representación del bloque opositor, explicó que la intención es transparentar la compra de estos bonos, realizada en ueno bank, que ofrecen una tasa de interés del 8% anual y un plazo de vencimiento a siete años, programado para el 9 de septiembre de 2031. Según Nakayama, la preocupación radica en que estos fondos provienen de los ahorros jubilatorios, lo que hace fundamental asegurar que se inviertan en condiciones de bajo riesgo y alto retorno.
Nakayama señaló que los fondos jubilatorios deben ser invertidos con dos criterios principales: la seguridad de los fondos y la tasa de interés ofrecida. “No se puede poner el dinero en cualquier parte; debe estar en el lugar más seguro para asegurar que los fondos no se pierdan”, subrayó. Además, agregó que las inversiones de este tipo deben garantizar el crecimiento del capital para asegurar el futuro de los jubilados.
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El legislador también mencionó que revisarán la resolución que autoriza la compra de bonos, pues parece haber utilizado disposiciones de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones, que aún no está en funcionamiento. Si esto es confirmado, podría suponer una irregularidad grave. Según Nakayama, el presidente del IPS debe aclarar estas cuestiones, ya que se trata de recursos fundamentales para los jubilados.
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La convocatoria fue presentada como una medida para despejar las dudas y garantizar la transparencia en la gestión de los fondos jubilatorios. Los senadores opositores consideran que la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se manejan estos recursos, que afectan directamente el futuro financiero de miles de paraguayos.
Fuente: Última Hora
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