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Anadelia Acosta evade a la prensa tras audiencia judicial

Anadelia Acosta y otros implicados evitaron hablar con la prensa tras sus audiencias por un millonario despojo de indemnizaciones en Caaguazú.

Anadelia Acosta huyó de la prensa al retirarse de su audiencia de imposición de medidas. Ante consulta sobre la vinculación con el megadespojo a dos familias humildes de Caaguazú, se limitó a sonreír.

Anadelia Acosta Armoa, exfuncionaria del Congreso, compareció este viernes ante el Juzgado de Caaguazú para la audiencia de imposición de medidas. La exfuncionaria está imputada por su presunta participación en un millonario despojo de indemnizaciones destinadas a dos familias humildes del departamento. Al concluir la audiencia, Acosta huyó rápidamente de la prensa, respondiendo solo con una sonrisa a las preguntas de los periodistas presentes.

El caso que involucra a Acosta Armoa y otros imputados ha generado gran atención mediática debido al desvío de G. 725 millones en indemnizaciones que la ANDE había otorgado a las familias afectadas por la muerte de dos de sus miembros, tras un accidente causado por un cable suelto de la entidad eléctrica. Según la acusación, Acosta y sus cómplices se habrían apropiado indebidamente de los fondos.

Además de Acosta, el abogado Darío Flores, quien está imputado como presunto coautor del despojo, también compareció ante el Juzgado. Al igual que Acosta, Flores evitó brindar declaraciones a la prensa al salir del tribunal, generando aún más incógnitas sobre su participación en el caso.

Ovidio Oviedo Brítez, pareja de la exfuncionaria, también se presentó ante el juez Rafael Domínguez este viernes, en calidad de procesado. Oviedo Brítez está imputado como cómplice de apropiación y estafa, junto con el padre de Acosta, Juan Ramón Acosta, quien también debe comparecer en el Juzgado por los mismos hechos punibles.

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Este caso involucra además a dos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Repatriación, quienes están acusados de facilitar, presuntamente de manera irregular, el cobro de los cheques emitidos por la ANDE a favor de las familias afectadas. Según la investigación, los imputados se habrían quedado con G. 725 millones de un total de G. 800 millones.

Las audiencias de imposición de medidas continúan, y el caso sigue generando controversia en la opinión pública, mientras los acusados eluden hablar sobre su participación en el millonario despojo.

Fuente: ABC Color