El Ministerio Público presentó la primera imputación contra el propietario de uno de los inmuebles de Alto Paraguay en donde se habría iniciado el incendio que luego se propagó generado un grave daño a la salud y el medio ambiente. Judiciales.net
El Ministerio Público ha dado un paso significativo en la investigación de los recientes incendios forestales que afectaron la región de Alto Paraguay, al presentar la primera imputación contra un propietario de inmueble. Nelson Colmán, fiscal especializado en delitos ambientales de Alto Paraguay, formuló cargos contra Hugo Miguel Zelada Jara, dueño de una de las propiedades donde presuntamente se originaron los focos de incendio que devastaron la zona de la reserva Chovoreca, ubicada en Bahía Negra, Chaco paraguayo.
La imputación se basa en la Ley 716/96 de delitos ambientales, específicamente en el artículo 4 inciso a, que aborda la tala y quema de bosques. Esta acción legal marca un precedente importante en la lucha contra los incendios forestales y la protección del medio ambiente, al buscar responsabilizar a quienes puedan estar involucrados en el inicio y propagación de estos siniestros.
Según los informes de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio Público, los primeros focos de calor se habrían originado en el inmueble identificado con el padrón n.º 1067, propiedad de Zelada Jara. Estos focos iniciales habrían desencadenado posteriormente el incendio de gran magnitud que afectó severamente la región de Alto Paraguay, causando daños ambientales considerables.
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La Fiscalía continúa con las investigaciones para confirmar las sospechas que pesan sobre el propietario imputado y determinar la posible participación de otras personas en el incidente. La magnitud del incendio y los perjuicios ambientales resultantes subrayan la importancia de una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades y prevenir futuros incidentes similares.
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Como parte del proceso investigativo, se han realizado diversas diligencias, incluyendo la toma de declaraciones testificales a propietarios de inmuebles en la zona afectada. Estos testigos han presentado copias autenticadas de sus títulos de propiedad y documentos que acreditan el cumplimiento de sus respectivos planes ambientales, lo que contribuye a la construcción del caso y a la identificación de posibles infracciones a las normativas ambientales vigentes.
Esta imputación representa un hito en la protección del medio ambiente en Paraguay, especialmente en regiones ecológicamente sensibles como el Chaco.
Fuente: Judiciales.net
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