Basilio "Bachi" Núñez, presidente del Senado.
El Senado avanza con el tratamiento del proyecto de reforma del Servicio Civil, buscando cumplir con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta iniciativa es crucial para que el Gobierno de Santiago Peña acceda a los derechos especiales de giro (DEG), un financiamiento clave para el programa de Resiliencia y Sostenibilidad.
El bloque cartista, junto con sus aliados, ha propuesto aprobar la ley en noviembre, tras los ajustes necesarios al proyecto antes del 30 de octubre. La oposición, liderada por el Frente Guasú, ha pedido más tiempo para estudiar a fondo la reforma, argumentando que otros proyectos como el Registro Unificado Nacional (RUN) y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 también requieren atención prioritaria.
La reforma del Servicio Civil sigue a la reciente creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, otra medida recomendada por el FMI. La meta del Gobierno es concluir el año con estas reformas aprobadas, consolidando el acceso a los recursos del organismo internacional.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó que el Gobierno está ajustando los tiempos políticos para priorizar la Ley del Servicio Civil. Aunque la reforma de la caja fiscal se postergará para el próximo año, el Ejecutivo se enfoca en evitar movilizaciones sociales mediante negociaciones con los sindicatos, ofreciendo mantener la estabilidad laboral y algunos beneficios en el sector público.
Sindicatos y gremios laborales han expresado su preocupación por los cambios propuestos, que podrían afectar los parámetros de jubilación y los aportes estatales a las cajas fiscales. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha advertido sobre posibles movilizaciones si no se garantizan los derechos adquiridos de los funcionarios públicos.
Actualmente, la caja fiscal presenta un déficit acumulado de más de G. 1,64 billones (equivalentes a USD 213,6 millones). Sin embargo, no todas las cajas están en situación crítica: los sectores militares y policiales muestran superávits del 76% y 67%, respectivamente, mientras que los docentes alcanzan un 46%.
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El Gobierno confía en que la reforma del Servicio Civil permitirá destrabar el financiamiento del FMI, vital para la estabilidad económica. Los fondos del programa de Resiliencia y Sostenibilidad buscan apoyar reformas que fortalezcan las finanzas públicas y preparen al país para desafíos futuros, como el cambio climático y pandemias.
Se espera que el 13 de noviembre se trate la iniciativa en el plenario del Senado. La celeridad en la aprobación será determinante para evitar tensiones sociales y garantizar los recursos internacionales que el Gobierno considera esenciales para mantener la estabilidad económica y fiscal.
Fuente: La Política Online
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